En la zona de frontera con Guatemala, la problemática se ha agudizado

Carlos Sánchez NOTICIAS

Pie de foto: La iglesia católica también ha sufrido violencia de poblaciones inconformes. Foto: Carlos Sánchez

Debido a la disputa territorial en algunas comunidades indígenas, de 2010 y hasta la fecha se han documentado en Chiapas que 16 mil 755 personas han sufrido desplazamiento forzado masivo e intermitente.
En el marco del Informe Frayba 2023, Dora Lilia García Roblero directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dijo que la disputa por el territorio es uno de los problemas que preocupa mucho a las organizaciones de la sociedad civil, debido a que cada vez más hay desplazamientos.
En este sentido la defensora de los derechos humanos señaló que de los fenómenos con mayor agudización en el estado sureño del país, continúa siendo el desplazamiento forzado interno, así como sus dinámicas que muestran formas particulares de violencia que involucran patrones de acción local y cotidiana, vinculados al control territorial ejercido desde las estructuras comunitarias.
Del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala hay al menos 2 mil personas que se traducen en 400 familias, quienes abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada por la disputa por el control territorial.
Al respecto, Miguel Ángel Montoya Moreno integrante del Servicio de la Vicaría de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, expuso que en las zonas Altos, Frontera y Centro del estado se han registrado casos de violencia hacia los sacerdotes de la iglesia católica.
“El tema ha sido complicado en los últimos meses, más o menos 2015 para acá por la situación que se ha agudizado en orden a lo que estamos viviendo en las comunidades en la zona, nosotros tenemos siete zonas pastorales y no hay ninguna que no haya registrado incidentes. Dentro de nosotros hay incidentes en orden a la cuestión como de intimidaciones por el servicio de atención a migrantes por ejemplo”, puntualizó.
Finalmente es importante mencionar que el informe realizado desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, tiene un corte temporal que va del año 2020 a 2022.