Los actos de intimidación se han registrado durante la recolección de pruebas, ya que han observado la presencia de personas a bordo de motocicletas vigilando la zona
Jhonatan González NOTICIAS
Hostigamiento, intimidación y persecución es lo que ha vivido en Chiapas el equipo de abogados del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello de Chilpancingo, Guerrero, quienes coadyuvan con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en la investigación del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez.
Fue el pasado 20 de octubre que tras llevar a cabo la homilía en la parroquia del Barrio de Cuxtitali al poniente de San Cristóbal, el sacerdote fue asesinado tras recibir nueve impactos de bala cuando se encontraba en el interior de su vehículo.
En ese contexto y en el marco del año jubilar del natalicio de Jtatik Samuel Ruíz, el pueblo creyente llevó a cabo este domingo una peregrinación en el Valle de Jovel, donde participaron alrededor de 20 mil personas y quienes exigieron a los tres niveles de gobierno “Fuera el crimen organizado”, “Alto a la narcopolítica”, “Justicia para el padre Marcelo”, “Alto al desplazamiento forzado”, “Gobierno asesino, matas a sacerdotes constructores de paz”, “Si callas la voz de los profetas las piedras hablarán”.
En conferencia de prensa el padre José Filiberto Velázquez Florencio, representante de la organización, abundó que los actos de intimidación se han registrado durante la recolección de pruebas, ya que han observado la presencia de personas a bordo de motocicletas vigilando la zona, además de que dos sujetos intentaron ingresar al vehículo de uno de los abogados.
“Para nosotros es un acto de intimidación, claro, no sabemos de quién, verdad, se está trabajando con el mecanismo de protección a defensores y periodistas, van a estar en estos días aquí en San Cristóbal para analizar el caso de la familia del padre, para que puedan ellos tener también protección y de las personas que trabajan con el padre Marcelo también”, precisó.
Como parte de la investigación, las personas cercanas al padre Marcelo también fueron entrevistadas, por lo que el jerarca católico aseguró que hay varias líneas de investigación, por lo que hasta ahora no se puede tener claro un móvil, sin embargo, respetarán todo el proceso para que las autoridades lleguen hasta los actores intelectuales de este asesinato.
“Estamos en etapa de investigación complementaria, hay una persona vinculada a proceso y dos personas con órdenes de aprehensión sin ejecutar, sabemos quiénes son pero no podemos revelar sus nombres, están siendo ejecutadas todavía desde la Fiscalía local. Estamos en ese término de tres meses de investigación complementaria y la Fiscalía General de la República (FGR) necesitará un plazo de seis meses para lo que se solicite ampliarlo ya ante un Juez Federal”, explicó.
La peregrinación que salió de tres puntos distintos de la ciudad y que posteriormente se concentró en la Plaza de la Paz en el centro de San Cristóbal, estuvo integrada por pobladores de nueve etnias, quienes vestidos de blanco y con pancartas en mano exigieron una vez más justicia por la ola de violencia e inseguridad que se vive en Chiapas.
Por su parte Miguel Ángel Montoya, responsable de la Vicaría de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal, aseguró que a partir del asesinato del párroco ha sido complicado ejercer la labor en la Diócesis, debido a que se ha reportado movilización de personas con los rostros cubiertos en vehículos y motocicletas.
«Es un fuerte riesgo ejercer la labor, el nivel de inseguridad en San Cristóbal y Chiapas se ha incrementado y no solo para quienes ejercen una labor ministerial sino para todos los que vivimos acá, estamos en riesgo, la invitación es un llamado a las autoridades del estado y federal para que puedan ofrecer una garantía de seguridad no solo para la iglesia sino para todos los habitantes», puntualizó.
A 15 días de la muerte del sacerdote originario de San Andrés Larráinzar, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, aseguró que hasta el momento no han recibido comunicación oficial sobre los avances de la investigación, a pesar de que existen varios sacerdotes que aún están en riesgo.
“A nosotros no ha llegado ninguna comunicación oficial, lo que saben ustedes es lo que la fiscalía ha dado, pero a los medios noticiosos esperamos una noticia oficial para nosotros (…) Esperamos, estamos esperando el informe oficial y tenemos paciencia y esperanza en que se haga una investigación cuidadosa conforme a la verdad y a la justicia para que haya paz”, aseveró.
En respuesta a las demandas del pueblo creyente para pedir la salida del crimen organizado de Chiapas y de los narcos políticos, Ana Paula Hernández Romano, coordinadora nacional de Diálogos por la paz, afirmó que impulsarán la articulación y el seguimiento a los compromisos que el ahora gobernador electo del estado sureño del país, Eduardo Ramírez Aguilar, adquirió durante su campaña.
“Sin duda el reclamo de justicia y de seguridad es uno de los ejes principales del tema de la construcción de paz. No vamos a poder hablar de paz si no hay justicia y si no hay seguridad, y con ello la percepción de seguridad también. En ese sentido, sin duda en el país y en territorios específicos como Chiapas, como Guerrero, como la Tarahumara, como Guanajuato, Michoacán, hay muchísimo por hacer y el tema de la gobernanza atraviesa el tema de estas alianzas entre la política y la delincuencia organizada, y es una cosa a la que no podemos obviar”, precisó.
Con ritual maya y una plegaria el pueblo católico de Chiapas concluyó la peregrinación donde reafirmaron su lucha por la justicia y la paz del estado, la cual se ha agudizado durante este año, principalmente en las zonas fronterizas pero que también ha alcanzado a las ciudades del centro.
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Hostigamiento, intimidación y persecución es lo que ha vivido en Chiapas el equipo de abogados del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello de Chilpancingo, Guerrero.
foto: Jhonatan González