Daniela Grajales NOTICIAS
El ex transporte público llamado Conejobus, aún está presente, sus concesionarios siguen luchando por el pago de 32 meses de atraso que la Secretaría de Movilidad y Transporte mantiene con ellos.
Fue en punto de las 10 de la mañana cuando un grupo de personas salieron del Parque de La Marimba, hacia el Parque Central para hacer ver el descontento que persiste al no tener una respuesta por parte de las autoridades.
La cantidad que les adeudan a estos concesionarios es equivalente a más de 105 millones de pesos, son 139 familias que hasta finales del mes de diciembre del 2009 sostenían sus hogares con este ingreso de las rutas 1 y 2.
María del Carmen Chagoya Labra, representante de los manifestantes, explicó que durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, se conformó la sociedad anónima de capital variable e inició la prestación del servicio con autobuses.
La demanda es que se les devuelvan las placas, las concesiones; escritura pública como títulos de propiedad, desafortunadamente refieren que para prestar el servicio de transporte en esas rutas 1 y 2, y la disolución de la sociedad y suspensión del servicio de autobuses se llamaron a concesionarios de otras rutas desde noviembre del 2020 a la fecha, circulando en la Avenida Central, boulevard Belisario Domínguez y Angel Albino Corzo, así como Calle Central y Primera Poniente Norte y sur, rutas que anteriormente recorría el conejobus.
Chagoya Labra agregó que los afectados han solicitado un amparo para la defensa de los derechos de los concesionarios afectados, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, donde menciona que “nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades y derechos, si no es mediante juicio”.
La manifestante destacó que el gobierno dictó un decreto administrativo donde establece que pondrá en servicio un programa emergente para la prestación del servicio en las rutas 1 y 2, en Tuxtla Gutiérrez, sin haber incluido a los transportistas originales, por lo tanto la lucha será hasta las últimas consecuencias.
Cabe mencionar que por la prestación del servicio los concesionarios debían recibir mensualmente desde el inicio de operación de la empresa una cantidad económica por concepto de una renta mensual de sus placas por 15 mil pesos, con un incremento anual de acuerdo con la inflación, un monto global mensual de 3.5 millones.
