Félix Camas CORRESPONSAL / NOTICIAS

San Cristóbal de Las Casas.- El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa ha expresado su enérgica condena ante el accionar desproporcionado del ejército en el municipio de Villa Comaltitlán la noche del 1 de octubre, donde seis personas migrantes fueron ejecutadas sumariamente y doce más resultaron heridas.
Las víctimas, que se trasladaban en una camioneta junto con otras 33 personas de diversas nacionalidades, sufrieron este ataque por parte de elementos castrenses. El Comité ha exigido justicia y una investigación transparente para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
El Comité también ha señalado el silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum tras los atroces actos cometidos por las fuerzas armadas. Según denuncian, Sheinbaum sólo se pronunció sobre el tema debido a la presión internacional y los cuestionamientos de la prensa. El Comité ha mostrado su respaldo a la condena emitida por organismos del Sistema de Naciones Unidas, que también han solicitado una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
La versión oficial presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha sido duramente criticada por el Comité. Según SEDENA, los militares realizaban un patrullaje cuando detectaron tres vehículos a alta velocidad y, tras escuchar detonaciones, respondieron al fuego. Sin embargo, esta versión contrasta con las imágenes de los vehículos donde las víctimas aparecían envueltas en bolsas de plástico y sin que se encontraran armas en la escena. Además, el Comité denuncia la demora en el levantamiento de los cuerpos, que inició casi cinco horas después de los hechos, y el prolongado silencio de las autoridades.
El Comité Digna Ochoa ha denunciado que esta tragedia no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la militarización del país y el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y de contención de migrantes. Recordaron un incidente similar ocurrido en octubre de 2022 en Pijijiapan, donde la Guardia Nacional disparó contra un vehículo en el que viajaban migrantes, resultando en la muerte de una persona y varias más heridas. Estos hechos, señalan, continúan impunes.
Por último, el Comité denunció que las fuerzas de seguridad, incluidos el Ejército, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y policías estatales, están implicados en la extorsión de migrantes y la protección de redes de tráfico humano. Estas redes operan principalmente en rutas que van desde Tapachula a Tuxtla Gutiérrez y hacia Oaxaca, aunque también se utilizan otras en zonas fronterizas de la Sierra y la selva hacia Palenque.

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El Comité Digna Ochoa expresó su condena por el accionar del ejército en el municipio de Villa Comaltitlán, donde seis personas migrantes fueron ejecutadas.
Foto: Félix Camas