A las autoridades correspondientes piden aplicar todo el peso de la ley contra quien resulte responsable

Paola Yzaj CORRESPONSAL / NOTICIAS

PIE DE FOTO. Familiares de Antonio Aguilar Pérez, pidieron a la Diócesis de esta ciudad y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, no proteger a los presuntos asesinos. Foto: Paola Yzaj

San Cristóbal de Las Casas.- Familiares de Antonio Aguilar Pérez, policía municipal de San Juan Cancuc, presuntamente asesinado el pasado 29 de mayo, pidieron a la Diócesis de esta ciudad y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, no proteger a los presuntos asesinos y a las autoridades correspondientes aplicar todo el peso de la ley contra quien resulte responsable.

En conferencia de prensa, Marco Antonio Aguilar Pérez, hijo del difunto narró que el día domingo 29 de mayo del presente año, cuando eran aproximadamente las 4 de la mañana un grupo de personas del Barrio K’ani de la cabecera municipal de San Juan Cancuc, detuvieron a su esposo y lo golpearon hasta causarle la muerte sin que explicaran el motivo de su detención.

“Las personas lo asesinaron a golpes, fueron los señores Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez y Manuel Santiz Cruz, entre otros que por el momento no puedo mencionar el nombre; nos pidieron 10 mil pesos para su liberación; por lo que se solicitó el apoyo de la policía municipal para que hicieran la entrega del dinero y pudieran rescatarlo, pero falleció a los pocos minutos de su rescate”, manifestó.

En las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) número 5, solicitaron a todas las autoridades que se haga justicia y se aplique todo el peso de la ley a estos asesinos, “si no hay justicia por parte del estado, obligan a que la gente tome la justicia por propia mano. Estas personas que mataron a mi esposo, son personas violentas, no es la primera vez que lo hacen, en ese barrio lo han golpeado, le han pedido multa a otras personas, ya son muy conocidos en el municipio de San Juan Cancuc, porque no es la primera vez que lo hacen”.

“También queremos hacerle del conocimiento a los creyentes de la religión católica del municipio de Zinacantán y otros municipios indígenas, a que no se dejen engañar, que dejen de estar apoyando a delincuentes y asesinos, si no se van a la cárcel los que matan, si ustedes defienden a los delincuentes, no habrá ejemplo para otras personas, si no se hace justicia hoy, mañana les puede tocar a ustedes. Señores de la religión católica no se metan a defender a personas que ustedes desconocen el actuar de las personas de otros municipios”, concluyó.

Después de concluir la audiencia dónde los tres Detenidos fueron vinculados a proceso y dieron un lapso de 30 días para el desahogo de pruebas, los manifestantes se trasladaron a las instalaciones del Palacio de Justicia de San Cristóbal, donde pidieron nuevamente se aplique Justicia en contra de los que ellos señalan son responsables y no se permita que sean puestos en libertad.