El Fiscal General del Estado detalló que se está trabajando en una nueva reforma constitucional para que la extorsión ya no requiera denuncia por parte de la víctima, sino que sea perseguida de oficio

Jhonatan González NOTICIAS

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general del estado de Chiapas, señaló que la extorsión es problemática y representa un serio desafío para las autoridades encargadas de procurar justicia.
“El delito de extorsión ha estado al alza. El año pasado se dio un paso importante al incluirlo dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esto sin duda busca inhibir la conducta, aunque el fenómeno sigue presente en gran parte del país”, expresó Llaven Abarca.
En el marco de la estrategia nacional anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal detalló que se está trabajando en una nueva reforma constitucional para que la extorsión ya no requiera denuncia por parte de la víctima, sino que sea perseguida de oficio. Esta modificación se suma a otros cambios legales en materia de telecomunicaciones para frenar el uso ilegal de chips.
“Actualmente, cualquier persona puede adquirir un chip sin identificarse, lo cual dificulta las investigaciones. Muchas veces, al requerir información a las compañías telefónicas, no se sabe ni quién lo compró ni dónde. Eso es grave”, indicó. Llaven Abarca informó que pronto se publicará una disposición legal que obligará a las empresas a recabar los datos personales del comprador al momento de la venta del chip.
La medida, según el fiscal, busca combatir el mercado negro de tarjetas SIM, especialmente en Chiapas, donde es común encontrar expendios informales que venden chips sin control. “Estos chips muchas veces se usan en extorsiones, secuestros y amenazas, incluso desde el interior de penales”, afirmó.
Finalmente, Llaven Abarca puntualizó que muchas de las extorsiones virtuales que se cometen en Chiapas provienen de reclusorios ubicados en otros estados, como Altamira (Tamaulipas), Puente Grande (Jalisco) y Santa Martha Acatitla (CDMX), donde los internos, aprovechando situaciones de autogobierno, logran operar esquemas delictivos.

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Jorge Luis Llaven Abarca señaló que la extorsión es problemática y representa un serio desafío para las autoridades encargadas de procurar justicia.
Foto: Jhonatan González