Luis Vallejo NOTICIAS
El Consejo Interreligioso de Chiapas (CICH) emitió un manifiesto en el que rechazan la despenalización del aborto en la entidad con la reforma al artículo 181 del Código Penal que permite la interrupción del embarazo, durante toda la gestación.
Al fijar su postura, los religiosos del estado hicieron un llamado a los legisladores chiapanecos a pronunciarse por salvaguardar el derecho a la vida en cualquier etapa de la gestación.
Asimismo les pidieron “defender la posición soberana de nuestro Estado, que puede emitir su propio criterio y no imponer agendas externas de políticas sociales que dividen a nuestra entidad federativa”.
En ese sentido, enfatizaron que en todo lo relacionado al derecho a la vida y la familia, nuestro país no debe claudicar sobre la libertad de credo, y hoy más que nunca nuestra sociedad democrática debe prevalecer en el respeto a la diversidad y pluralidad religiosa a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Este momento en que estamos viviendo, es tiempo de dignificar la vida, es tiempo de frenar la descomposición social, es tiempo de dar soluciones de vida más nunca de muerte. El día de hoy la diversidad religiosa espera un acto legislativo a la altura de lo que nuestro Estado merece” sentenciaron.
CATÓLICOS
Por su parte la provincia eclesiastica de Chiapas, la cual se integra por la Arquidiócesis de Tuxtla y las Diócesis de San Cristóbal y Tapachula respectivamente, emitió otro posicionamiento en el que señalaron que la reforma al artículo 181 del Código Penal del estado es una situación que les duele y que lamentan
Los obispos de Chiapas expusieron “entendemos la postura del congreso maniatado por las presiones partidistas y por el afán de quedar bien con la parte más exigente de la comunidad humana que vive convencida de ser la voz de toda la ciudadanía. Sabemos que, en estas circunstancias, es muy complicado tener el tiempo y la paz para pensar, al menos, en las implicaciones graves de la labor de hacer y modificar las leyes”.
Para finalizar, indicaron que les genera especial preocupación el hecho de que se elimine la condición temporal de los noventa días para acceder a un aborto en caso de violación, lo cual significaría poder acceder a esta práctica en cualquier momento, incluso en etapas avanzadas de la gestación.
