Carlos Salazar CORRESPONSAL / NOTICIAS
Tonalá.- En mayo de 1995 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, señalando los medios y reglas a seguir en el proceso de privatización del servicio ferroviario mexicano y para el seis de diciembre de 1996, se concretó la primera concesión del sistema con el Ferrocarril del Noreste, seguida de otras más a lo largo de los siguientes años.
Como resultado de este proceso que fue consecuencia directa de la Reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución General de la República, aprobada por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, promovido por la nueva dirigencia sindical a cargo desde 1997 de Víctor Flores Morales, miles de trabajadores ferrocarrileros fueron liquidados.
De este proceso, se llegó a un acuerdo de jubilación y garantía vitalicia de su pago a favor de 57,000 ferrocarrileros que deberían haber obtenido este beneficio, no obstante, que de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo vigente en ese momento debieron haber sido muchos más quienes recibieran este beneficio.
El proceso de concesión fue lento, terminó por completo en el 2001 con la descentralización de Ferrocarriles Nacionales de México, pero desde antes, ya las empresas prescindían de trabajadores mediante retiros voluntarios, liquidaciones y jubilaciones.
La concesión hecha al sistema ferroviario establecía que los derechos de trabajadores activos, jubilados y pensionados no se verían afectados, sin embargo, el Contrato Colectivo de Trabajo de 1996 tenía 3,045 cláusulas y para 1998 sólo tenía 208.
Se calcula que alrededor de solo el 10% de la planta total laboral de Ferrocarriles Nacionales de México fue contratada por las empresas concesionarias nacionales e internacionales, siendo la gran mayoría de los trabajadores los que deberían haber sido liquidados y recontratados conforme a las disposiciones laborales del país.
A partir de entonces, miles de trabajadores ferrocarrileros fueron víctimas de un sin número de ilegalidades en torno a sus jubilaciones, ya que a muchos no se les otorgaron, a otros se les dieron de forma deficiente en detrimento de su patrimonio, lo que llevó a miles de ellos a entrar en procesos judiciales para defender su derecho en prácticamente todo el territorio mexicano
Los miles de ferrocarrileros que no han recibido su liquidación derivada del proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, o que no les han entregado el dinero de sus laudos ganados por parte de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en los estados, deben presionar a las autoridades federales para que se les haga justicia después de casi 30 años.
Mencionar que miles de ferrocarrileros han sido víctimas de un contubernio y confabulación entre las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, abogados particulares que llevan las demandas de los trabajadores y abogados que representan al IMSS, FFCC Nacionales de México en liquidación, etc., incluyendo diversas agrupaciones bancarias para el trámite de pago de los laudos o acuerdos.
El modus operandi es que todos los anteriormente mencionados, se ponen de acuerdo de cómo ganar el juicio y para qué del retroactivo que le correspondería al trabajador se lo quitan todo y se lo reparten o cuando bien le va solo le dejan el 30% al trabajador, o de otra manera deberán seguir esperando hasta que haya una presión ejercida.
Además, existen supuestos “luchadores y luchadoras sociales” que con engaños y promesas falsas han y siguen lucrando con la desesperación de los ex ferrocarrileros de una justicia social, al grado de intimidarlos de que si no siguen aportando su cuota mensual (150 a 250 pesos) los borrarán de las listas y perderán este derecho.
Ante esta situación, el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical ha impulsado una serie de preguntas al Presidente de la República en el marco de conferencia de prensa matutina y ante la falta de respuesta por parte de diversas instancias del gobierno federal quienes han conocido de este caso.
El pasado 25 de mayo y ante un nuevo cuestionamiento por parte de los medios de comunicación al mandatario mexicano, dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que éste diera paso a un proceso de acuerdo para resarcir el daño financiero perpetrado en contra de alrededor de 10 mil trabajadores ferrocarrileros.
Por todo lo anterior, desde el lunes 13 de junio cientos de trabajadores ferrocarrileros oriundos de diversas partes de la República Mexicana se reunieron en plantón frente al Palacio Nacional con el fin de recordarle al Presidente de la República su compromiso y confiar en que su promesa de acuerdo para hacer justicia a los miles de ferrocarrileros se concrete lo antes posible.
