“En Chiapas hay un patrón de criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos, que se enfrenta a una permanente injusticia legalizada”
Daniela Grajales NOTICIAS
Diversos grupos defensores de los Derechos Humanos, se pronunciaron en contra de la violencia que impera en el estado, ya que han sido víctimas de amenazas y agresiones, por lo tanto vuelven a alzar la voz.
“Manifestamos nuestra preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio”.
En un pronunciamiento señala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde destaca que América Latina es una de las regiones más peligrosa para el ejercicio de las personas defensoras, apuntando que en México ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos.
Además de recordar que no solo son los defensores de derechos humanos, sino también de comunicadores que se han visto afectados en esta ola de violencia.
“En lo que va del sexenio del actual gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano, lo que demuestra que durante el gobierno de AMLO hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y organizaciones religiosas, señalaron que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra las violaciones de los derechos humanos, por lo consiguiente no debe ser obstaculizada, intimidada y criminalizada.
A pesar de las recomendaciones internacionales México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios.
“El sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos. La Guardia Nacional continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades”.
A estos injustos actos los defensores de derechos humanos piden al Estado mexicano la protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.
“Exigimos el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México, exigimos se adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas arbitrariamente de la libertad, otorgándole de manera inmediata evitando se siga violentando sus derechos humanos”.
Por último, señalan la alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio de Chiapas, específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vive en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que exigen garanticen la seguridad e integridad personal de todas y todos los habitantes de Chiapas.
