Fue adquirido legítimamente tras un acuerdo de compraventa por la cantidad de un millón 225 mil pesos
Miguel Quiroz CORRESPONSAL / NOTICIAS
Palenque.- Habitantes de la colonia Villarreal viven una intensa disputa legal desde hace nueve años por la propiedad de un predio de cuatro hectáreas que, aseguran, fue adquirido legítimamente en el año 2011 tras un acuerdo de compraventa por la cantidad de un millón 225 mil pesos.
Sin embargo, en un hecho que ha generado indignación, el terreno ha sido objeto de un embargo que los colonos califican como un fraude orquestado.
La historia se remonta al año 2008, cuando un grupo de personas inició la compra del terreno con un ciudadano identificado como Ismael Jiménez Chan, el proceso quedó inconcluso debido al fallecimiento del propietario, por lo que su esposa, María “N”, promovió un juicio intestamentario con el acompañamiento del abogado Juan Luis Cruz Laínez.
Según testimonios de miembros de la directiva de la colonia, en 2011 el predio fue liquidado en su totalidad, y con ello, los colonos iniciaron trámites para la legalización de sus lotes, sin embargo en el 2016, al intentar escriturar individualmente sus propiedades, descubrieron que el terreno había sido embargado por el mismo abogado Laínez.
Señalan que el abogado alegó que la señora María le solicitó un préstamo personal por 450 mil pesos, y al no poder pagar, cedió el terreno en garantía, sin tomar en cuenta que ya había sido vendido.
Desde entonces, comenzó una batalla legal que, de acuerdo con los colonos, ha estado plagada de irregularidades. Denuncian que el juicio ha favorecido al abogado, pese a que la propietaria ya fue vinculada a proceso por fraude genérico según la causa penal 283/2023 y el expediente civil mercantil 654/2016.
La situación se agravó este martes 17 de junio, cuando un actuario del juzgado civil de Catazajá, acompañado de elementos de la Fiscalía General del Estado, policías estatales y municipales, acudió a la colonia Villarreal con la intención de desalojar a las familias.
Lo anterior, en cumplimiento de un acuerdo fechado el 16 de mayo de 2025 y firmado por la jueza Alejandra Marroquín.
Los habitantes denuncian que la diligencia se realizó sin notificación previa, sin presencia de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, y con total insensibilidad, ya que en las viviendas se encontraban personas adultas mayores y niños con discapacidad.
“Esto que están haciendo es un atropello, un fraude legalizado. El terreno ya fue pagado, tenemos pruebas, y ahora nos lo quieren quitar con documentos manipulados y procedimientos oscuros”, expresó uno de los afectados.
Además, los colonos aseguran que los actos del actuario podrían no estar alineados al marco legal estatal y cuestionan la validez de su actuación.
Por esta razón, hicieron un llamado urgente al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que intervenga y detenga lo que consideran una injusticia grave. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo justicia, que se respeten nuestros derechos y que se castigue a quienes están intentando despojarnos de algo que ya es nuestro”, expresaron los colonos.
La situación permanece tensa en la colonia Villarreal, mientras las familias continúan en incertidumbre, aferradas a los documentos que, aseguran, prueban que son legítimos dueños del predio.
PIE DE FOTO:
Habitantes de la colonia Villarreal viven una intensa disputa legal desde hace nueve años por la propiedad de un predio de cuatro hectáreas que, aseguran, fue adquirido legítimamente en el año 2011.
Foto: Miguel Quiroz