Se han documentado hostigamientos, desalojos y procesos penales contra mujeres tzotziles acusadas de mendicidad forzada y explotación infantil
Jhonatan González NOTICIAS
Organizaciones integrantes de la Red de Observación y Acompañamiento de Niñeces Indígenas en Situación de Movilidad (ROANIM), denunciaron las sistemáticas violaciones a derechos humanos que enfrentan niñas, niños y familias tzotziles en contextos de migración interna forzada en México.
Durante el Foro “Las Niñeces y Familias Tzotziles Migrantes” celebrado este miércoles en SanCristobal de Las Casas, las organizaciones explicaron que se ha intensificado desde 2020 en comunidades como Mitontic en los Altos de Chiapas, cuyos destinos frecuentes son hacia ciudades industriales y turísticas como Puebla, Monterrey, Oaxaca, Mexicali y Ciudad de México.
“En estos entornos urbanos, las familias buscan subsistencia a través del trabajo en espacios públicos (calles, parques, mercados, plazas, etc.), venta ambulante y arte popular, actividades que suelen ser criminalizadas”, cita el documento.
Los participantes del Foro, provenientes de diversas colectivas comunitarias y de defensa de derechos, alertaron sobre un patrón creciente de detenciones arbitrarias, separación familiar y acusaciones infundadas de trata de personas contra familias indígenas, sin aplicar criterios culturales ni investigaciones adecuadas.
Un caso emblemático ocurrió en Mexicali, donde Irma, una joven madre tzotzil, fue detenida mientras trabajaba en un crucero y separada de su hija por 48 horas. Pese a no haber pruebas, fue acusada de corrupción de menores y solo mediante el acompañamiento comunitario logró recuperar a su hija y evitar consecuencias legales más graves.
Situaciones similares se reportaron en Puebla y Oaxaca, donde inspectores y autoridades municipales realizan desalojos violentos, decomisan mercancías y hostigan a familias con amenazas, insultos racistas, discriminación y acusaciones falsas, especialmente cuando no cuentan con permisos, debido a barreras lingüísticas o administrativas.
En Monterrey, la organización Zihuakali denunció un “barrido social” impulsado por el gobierno estatal, que busca limpiar las calles de personas indígenas de cara al Mundial FIFA 2026. Se han documentado hostigamientos, desalojos y procesos penales contra mujeres tzotziles acusadas de mendicidad forzada y explotación infantil.
ROANIM destacó que esta violencia institucional no solo proviene del Estado, sino también de la ciudadanía, que reproduce estigmas y prejuicios contra la identidad indígena. “Se criminaliza la pobreza, se racializa el trabajo en espacios públicos y se ignoran las realidades estructurales que obligan a migrar”, señaló Francisco, integrante de la Red.
La Red ha identificado que muchas de estas familias migran como estrategia colectiva de sobrevivencia ante el despojo, la violencia comunitaria y la falta de oportunidades. Las niñas y niños trabajan junto a sus familias, pero son señalados como víctimas de trata sin pruebas, en un uso tergiversado del marco legal.
Desde 2021, ROANIM ha trabajado en tres líneas fundamentales: la defensa de derechos humanos, la observación e incidencia política y el fortalecimiento de personas acompañantes. Han documentado decenas de casos de criminalización y acompañan procesos de reunificación familiar en distintas ciudades del país.
Uno de los testimonios más fuertes vino desde Chiapas, donde 23 niñas y niños de la comunidad de Chigtón, en Ixtapa, fueron detenidos y separados de sus familias bajo acusaciones infundadas. Posteriormente, se demostró que eran una familia extensa que vendía ámbar y artesanías de manera colectiva. Nunca hubo justicia institucional ni reparación.
El Foro también reveló que las autoridades tienden a confundir migración con trata, sin diferenciar entre explotación real y trabajo comunitario. Según la colectiva Melel Xojobal, esta confusión obedece a la falta de protocolos interculturales y a una visión prejuiciosa que ve a las familias indígenas como delincuentes por default.
Entre las rutas que han optado los pueblos tzotziles para enfrentar estas violencias destacan: la organización en redes de apoyo, el acompañamiento legal y comunitario, la documentación de casos y la denuncia pública a nivel local e internacional. Estas estrategias buscan proteger sus derechos y visibilizar las injusticias.
Las demandas colectivas del Foro incluyeron la reunificación inmediata en casos de separación, reparación del daño, investigación transparente, y la construcción de protocolos culturalmente pertinentes con enfoque de género y de derechos. También exigieron reconocimiento al trabajo de las familias indígenas sin criminalización.
“El problema no es que migren, sino cómo se les trata por migrar siendo indígenas”, advirtió José Encinos, defensor de derechos en Melel Xojobal. Recordó que el artículo 11 de la Constitución mexicana garantiza la libre movilidad, un derecho sistemáticamente vulnerado por instituciones que deberían proteger, no perseguir.
El Foro concluyó con un llamado urgente a construir redes seguras, amorosas y críticas, donde se reconozcan los saberes y necesidades de las niñeces indígenas en movilidad. “La palabra compartida y la reflexión crítica son el punto de partida para imaginar otros mundos posibles”, concluyó la colectiva ROANIM.
PIE DE FOTO:
Organizaciones integrantes de la ROANIM denunciaron las sistemáticas violaciones a derechos humanos que enfrentan niñas, niños y familias tzotziles en contextos de migración interna forzada en México.
Foto: Jhonatan González