Transportistas confían en la regularización y orden del sector, que afecta a más de mil trabajadores en regla

EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Daniela Grajales / NOTICIAS

MARIO BUSTAMANTE GRAJALES, consideró que el desorden en el transporte público que hoy circula en el estado de manera irregular, se originó en la administración del exgobernador Juan Sabines Guerrero. Foto. Daniela Grajales

En Chiapas se estima que circulan más de 15 mil unidades de transporte irregulares, un problema que se ha salido de control, sin embargo, es heredado de pasadas administraciones,así lo señalan los líderes transportistas.

Mario Bustamante Grajales, consideró que el desorden en el transporte público que hoy circula en el estado de manera irregular, se originó en la administración del exgobernador Juan Sabines Guerrero, con más de dos mil 500 unidades de taxi en movimiento sin documentos oficiales tan solo en Tuxtla Gutiérrez.

En la capital circulan taxis con números económicos con inicio en las iniciales TL y NP, son vehículos sin concesiones, pero que son tolerados por la Secretaría del Transporte, y esto surgió en la administración del exgobernador y hoy senador, Manuel Velasco Coello.

Resaltó que a mediados de este año, el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, informó que se repartirán 15 mil concesiones y permisos a transportistas chiapanecos que se sumarán a los 25 mil 650 concesionarios y permisionarios que existen en la entidad.

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Es por ello que consideró que fue así como empezó el desorden, más que entregaron, daban de trabajar a cualquiera y a como fuera, pero no regularizaron nada.

Y a pesar que el capítulo IV, en el apartado de delitos en materia de transporte público, artículo 390 (Bis) señala que a quien, por sí o mediante interpósita persona, realice el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades sin contar con la concesión o el permiso expedido por la autoridad competente, o por realizarlo con unidades vehiculares no registradas o distintas a las registradas ante la autoridad de transporte del Estado, se le impondrá pena privativa de libertad de tres a siete años y multa de quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Este fenómeno del pirataje en el transporte público el cual sería un delito que se castigaría mediante reforma al Código Penal del Estado de Chiapas, es otro caso de impunidad que continúa.

En Chiapas se estima que circulan más de 15 mil unidades de transporte irregulares, un problema que se ha salido de control, sin embargo, es heredado de pasadas administraciones, así lo señalan los líderes transportistas.