Colonos acusan extorsiones a extranjeros
EFRAÍN RAMÍREZ CORRESPONSAL/NOTICIAS
Tuxtla Chico, Chiapas. – Habitantes de comunidades fronterizas y defensores comunitarios denunciaron públicamente la instalación de retenes ilegales por parte de la Policía Federal Ministerial (PFM), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la carretera Tuxtla Chico–Tapachula, a la altura del kilómetro 10, donde aseguran que en lugar de investigaciones contra la delincuencia organizada se cometen actos de extorsión contra automovilistas y, principalmente, migrantes.
De acuerdo con testimonios de colonos, los filtros de revisión instalados en los últimos días no han dado resultados en decomisos de drogas, armas ni detenciones de relevancia. Por el contrario, acusan que los agentes ministeriales han convertido la medida en un mecanismo para exigir dinero a cambio de permitir el libre tránsito.
Alfredo de la Cruz Cordero, representante de colonos en Tapachula, cuestionó la legalidad de estos operativos y señaló que las principales víctimas son los extranjeros que circulan en la zona fronteriza.
“Estos retenes solo sirven para sacar dinero, no para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Lo que necesitamos es investigación seria contra el crimen, no operativos de fachada”, afirmó.
Juristas consultados recordaron que la propia Coordinación de Métodos de Investigación Criminal de la FGR ha emitido lineamientos internos en los que ordena a la Policía Federal Ministerial abstenerse de instalar retenes o filtros en carreteras, puentes, aeropuertos y otras vías de comunicación. Dichos procedimientos únicamente pueden efectuarse en situaciones específicas, como la flagrancia o la existencia de una carpeta de investigación formalmente registrada en el sistema institucional Justici@net.
Fuera de estos supuestos, advirtieron, los agentes que monten retenes se exponen a responsabilidades administrativas e incluso penales, pues se trataría de un abuso de autoridad.
Organizaciones sociales de la región también han manifestado su inconformidad, al señalar que la FGR carece de facultades para operar como una corporación de seguridad pública. La Ley de la Fiscalía General de la República otorga a la Policía Federal Ministerial atribuciones en materia de investigación, ejecución de órdenes judiciales y mandamientos legales, pero no la faculta para establecer retenes indiscriminados.“Estos operativos son ilegales, generan miedo entre los pobladores y afectan principalmente a la población migrante, ya de por sí vulnerable”, reprochó un activista consultado.
Mientras tanto, en Tuxtla Chico crece la inconformidad ciudadana ante la persistencia de los retenes, que lejos de enfrentar a las redes criminales que operan en la frontera sur, han sido señalados por colonos y defensores comunitarios como instrumentos de hostigamiento y corrupción institucional.
Foto: EFRAÍN RAMÍREZ
Pie de foto: Mientras tanto, en Tuxtla Chico crece la inconformidad ciudadana ante la persistencia de los retenes.