Destaca Índice de Paz gasto de 167 mmdp en 2024 en seguridad, pérdidas por homicidios, de productividad
La Razón
El impacto económico de la violencia en Michoacán se disparó 39 por ciento entre 2015 y 2024, al escalar de 120 mil millones a 167 mil millones de pesos, según reveló el Índice de Paz México 2025.
El análisis elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) contabiliza en esta valoración los gastos en seguridad pública y privada, las pérdidas por homicidios, los costos del sistema penitenciario, los daños materiales y la productividad perdida por la violencia.
La crisis alcanzó su punto más crítico en 2021, cuando el costo llegó a 232 mil millones de pesos. Aunque la cifra ha descendido desde entonces, permanece lo suficientemente elevada como para constituir un freno estructural al desarrollo económico, la captación de inversiones y la creación de empleos en la entidad.
Para dimensionar el problema: cada michoacano absorbe, sin saberlo, un costo anual de 33 mil 673 pesos derivado de la violencia que azota al estado.
En este contexto, Guillermo Garduño, especialista en seguridad, explicó que Michoacán vive una contradicción económica alarmante: a pesar de poseer ventajas competitivas como su riqueza en recursos naturales y posición geográfica estratégica, los altos niveles de violencia criminal y el clima de inseguridad imperante funcionan como un obstáculo que anula estas fortalezas y ahuyenta las oportunidades de inversión.
“Las empresas, especialmente aquellas dedicadas al transporte y distribución de productos como limón y aguacate, enfrentan la necesidad de rediseñar completamente sus corredores comerciales. Esta reconfiguración forzada no responde a criterios de eficiencia o estrategia de mercado, sino a la búsqueda urgente de rutas más seguras que minimicen los riesgos de asalto, robo de mercancía o extorsión”, señala el experto.
Esta situación genera “un efecto dominó devastador en la estructura de costos empresariales”: las nuevas rutas suelen ser más extensas, incrementando el consumo de combustible y los tiempos de entrega; se requiere contratar seguros con primas cada vez más elevadas; es necesario invertir en tecnología de rastreo satelital y escoltas privadas; y, en muchos casos, se pierden mercados completos que resultan inaccesibles por la inseguridad.
Todo ello erosiona los márgenes de rentabilidad. “Las empresas entran en un modo de supervivencia más que de crecimiento”, advierte Garduño, lo que limita severamente su capacidad para competir en los mercados y, en consecuencia, su potencial para generar empleos de calidad y contribuir al desarrollo económico regional.
Municipios como Zamora, Uruapan y Aguililla, además de la creciente ola de violencia que afecta al oriente y centro del estado, incluida la capital Morelia, se mantienen como focos rojos debido a la presencia de cárteles que disputan el control del territorio.
La crisis alcanzó un punto crítico con el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo, hechos que generaron indignación y protestas a nivel nacional.
El elevado costo económico tiene su raíz en indicadores de violencia que colocan a Michoacán en una posición crítica a nivel nacional. El estado ocupa el lugar 19 entre las 32 entidades menos pacíficas del país, con una calificación de 2.934 puntos que, aunque representa una mejora de 2.8 por ciento respecto al año anterior (3.019 puntos), aún supera ligeramente el promedio nacional de 2.938 puntos.
Para el especialista, las repercusiones económicas de la violencia trascienden los números oficiales.
“El fracaso sistemático de las estrategias de seguridad, que por años se han aplicado en la entidad, obedece a múltiples causas: cooptación de las instituciones y control territorial criminal, donde organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan como poderes fácticos que establecen sus propias reglas y concentran capacidad de coerción”, afirma.
A ello, señala, se suman presupuestos insuficientes y degradación de las corporaciones policiales, además de un sector agrícola sometido a cobro de piso generalizado que, asegura, puede consumir hasta 40 por ciento de las ganancias.
Otro aspecto es el indicador de delitos cometidos con armas de fuego, donde Michoacán obtuvo una calificación de 3.607, la cuarta peor a nivel nacional y muy por encima del promedio del país (2.722). Esta situación refleja la persistente presencia de grupos armados y la violencia relacionada con la delincuencia organizada que ha caracterizado al estado durante años.
En 2024, la entidad registró mil 632 homicidios dolosos, cifra que, aunque representa un descenso respecto al máximo histórico de dos mil 696 en 2021, todavía duplica las cifras del sexenio de Felipe Calderón.
Guillermo Garduño concluye que el estado requiere no sólo mayor inversión en seguridad sino un cambio estructural que reconstruya las instituciones, recupere el tejido social y devuelva la confianza necesaria para que las ventajas naturales de Michoacán se traduzcan en desarrollo y bienestar para su población.
PIE DE FOTO:
Pasa de 120 mmdp a 167 mmdp entre 2014 y 2025.
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