Félix Camas CORRESPONSAL / NOTICIAS
San Cristóbal de Las Casas.- La Fiscalía General del Estado vulneró los derechos humanos de cuatro mujeres indígenas, quienes fueron detenidas en esta ciudad y encarceladas, ya que fueron acusadas de trata de personas por el caso del niño Dylan, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó reparar el daño.
La recomendación es hacia el titular de la Fiscalía del Estado, Olaf Gómez y es la 51/2022, ya que las mujeres estuvieron presas varios meses y en un comunicado citan que el pasado 24 de julio de 2020, se difundió que, al investigar la desaparición del menor Dylan “N”, la FGE había desmantelado una red de trata de personas que operaba en dicho municipio, logrando el rescate de 23 niñas, niños y adolescentes, así como la detención de cuatro mujeres indígenas.
Ante la naturaleza y gravedad del caso, la CNDH ejerció su facultad de atracción para analizar los hechos. Las ahora víctimas manifestaron ante la autoridad competente ser originarias de Ixtapa y madres de las niñas, niños y adolescentes hallados en un domicilio y dedicarse a la venta de artículos artesanales en la vía pública.
“Mientras que, el 17 de julio de 2020, se solicitó una orden de aprehensión en contra de la cuarta víctima por los delitos de desaparición cometida por particulares, en agravio del niño en cuestión, y contra la salud en su modalidad de posesión, por lo que fue vinculada a proceso”.
“La CNDH solicita al fiscal general de Chiapas localizar a las víctimas, así como a sus familiares que acrediten tener derecho para que se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; se les brinde la reparación integral del daño y se les otorgue una compensación justa y suficiente; así como realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad de la dependencia en los hechos descritos”, suscriben.
Pide, además, coadyuvar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas a fin de proporcionarles atención médica y psicológica; colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la probable comisión de hechos delictivos y en la queja que se presente ante la Visitaduría de esa dependencia en contra de los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos.
“Designar a una persona servidora pública de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación e impartir cursos integrales de capacitación que consideren temas como usos y costumbres, especificidades culturales, perspectiva intercultural y derechos de las personas detenidas e imputadas, entre otros, a los agentes del Ministerio Público”, concluyen.
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