La Razón
La bancada del PRI en la Cámara de Diputados lanzó un llamado urgente para atender la salud mental de niñas, niños y adolescentes, ante el incremento de casos relacionados con suicidio y acoso escolar en el país.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos advirtió que la falta de atención oportuna a las emociones, pensamientos y comportamientos de los estudiantes está derivando en situaciones de riesgo que pueden evitarse con intervención profesional.
Arredondo Ramos presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con el propósito de que las autoridades federales, estatales y municipales garanticen la presencia de especialistas en salud mental dentro de los planteles educativos. Su propuesta incluye integrar la orientación psicológica como parte de los programas académicos y fortalecer las redes institucionales de acompañamiento.
La legisladora explicó que su iniciativa plantea adicionar la fracción XI al artículo 30 y la fracción V al artículo 72, así como incorporar un nuevo párrafo al artículo 73, reformar su tercer párrafo y modificar el artículo 80 de dicha ley. El objetivo, subrayó, es asegurar que cada estudiante cuente con apoyo profesional capaz de detectar señales de alerta y prevenir consecuencias graves.
Arredondo advirtió que la ausencia de atención psicológica puede tener efectos irreversibles. De acuerdo con cifras del Inegi, en 2023 se registraron 8,837 suicidios, de los cuales 65.6% correspondieron a personas menores de 40 años. La tendencia ha ido en aumento: entre 2013 y 2023, la tasa subió de 4.9 a 6.8 casos por cada 100 mil habitantes, con mayor prevalencia entre adolescentes de 15 a 19 años.
El panorama del acoso escolar también es alarmante. Según la CNDH, 7 de cada 10 estudiantes sufren algún tipo de violencia; más del 40% reporta ser víctima de bullying, 25.35% recibe insultos o amenazas y 17% ha enfrentado agresiones físicas.
La legisladora priista afirmó que incorporar atención psicológica desde las escuelas permitirá prevenir conductas que afecten la vida, integridad y dignidad de la niñez y adolescencia, además de garantizar una respuesta institucional más rápida y eficaz.
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Arredondo Ramos presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación.
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