Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada
Daniela Grajales NOTICIAS
Diversas organizaciones han firmado pronunciamientos sobre la situación que enfrentan pobladores de la Frontera Sur, unas de ellas son las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.
Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada.
De acuerdo con testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.
El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.
Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios (las Regiones Costa, Soconusco, Centro, Altos, Frailesca, Sierra y Selva) se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.
La Casa de la Mujer Migrante en Tuxtla Gutiérrez, mencionó que ante ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.
Destacaron a través de un comunicado que la interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud y demás múltiples violaciones a Derechos Humanos, como el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
Por ello realizan una serie de peticiones: Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia. Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y generar condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro. Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia. Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población. Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia. Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la
población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta
duradera para lograr una pacificación real y estructural. Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.
Además pidió a la sociedad que aporte donaciones para estas familias, pues en próximos días buscarán pasar en caravana para llevar ayuda a los pobladores.
“Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia”.
PIE DE FOTO:
Las y los habitantes se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos.
Foto: Daniela Grajales