Luis Vallejo – NOTICIAS
Ángel Emmanuel Ancheyta Villafuerte, abogado y defensor de derechos humanos narró ante los medios de comunicación el secuestro por parte de una Comunidad de la Zona Lacandona el pasado 16 de agosto, “mi vida estuvo en riesgo, me pusieron en mucho riesgo, viví una situación crítica” dijo.
Comentó que que fue invitado por el Comisariado de Bienes Comunales, Chankin Quinbor Chambor, para ayudarles a enfrentar un fraude de 850 mil pesos del que fueron víctimas y que al llegar cambió la situación, pues lo “retuvieron como garantía” para que las autoridades les pagaran el dinero que terceros les habrían defraudado.
“Cuando yo llego cambia la situación, pretenden imputarme de un delito en el cual fueron víctimas, denuncie a quien les hizo el fraude, nosotros en nuestro equipo de defensa sospechamos de varias personas, hasta del mismo comisariado, en la comunidad presentaron una lista de quienes habrían retirado dinero propiedad de la comunidad, me retienen más de 44 días desde el 16 de agosto de este año”, dijo Ancheyta Villafuerte.
El abogado aseveró que pudo haber perdido la vida en la Comunidad Zona Lacandona, y de no ser por la presión ejercida por defensores de derechos humanos y los medios de comunicación, no se hubiese obtenido su libertad, agregó que Olaf Ballinas, su defensor, estuvo al pendiente de su situación, y destacó que el trabajo de los defensores de derechos humanos no gubernamentales cada vez está en más riesgo, pues en muchas comunidades se practica la “retención de personas, aunque el delito es secuestro, mi salida se dio porque me enfermé de COVID-19”.
Ancheyta Villafuerte dijo que los comuneros lacandones ya no sabían qué hacer cuando se enfermó “yo tenía muchos problemas para respirar, llegué a 80 de saturación de oxígeno”, por lo que fue trasladado a una Unidad Médica en donde confirmaron que padecía COVID-19 y ordenaron su traslado en ambulancia a un Hospital de Palenque, de donde luego fue trasladado a San Cristóbal de las Casas debido al riesgo que presentaba, esto aunque los comuneros querían regresarlo a la Comunidad Zona Lacandona.
Aún cuando sus padres denunciaron ante la Fiscalía de Ocosingo su secuestro el 17 de agosto su liberación se dió hasta el 28 de septiembre por la emergencia de su salud, y recalcó que su situación fue muy complicada debido a su condición de defensor de derechos humanos lo pone en un estado de mayor vulnerabilidad social.
Para finalizar señaló que no fue posible construir acuerdos con la comunidad para liberarlo, quienes además actuaron de manera arbitraria, pues violaron sus derechos humanos por lo que pide que se esclarezca el fraude que se cometió en contra de la comunidad, que se castigue el secuestro del que fue víctima.