Ana Liz Leyte NOTICIAS
Pese a que, en Chiapas, en febrero de 2024 el Congreso del Estado aprobó la Ley Vicaria, este tipo de violencia se sigue registrando.
Madres que han sido separadas de sus hijos e hijas, aseguran que la Fiscalía del Estado toma estas denuncias como violencia familiar, lo que dificulta el proceso legal y el propósito que es tomar medidas para sancionar a los agresores, proteger a las infancias y garantizar la integridad de las mujeres.
“Siguen sin querer tomar las denuncias como violencia vicaria, las mujeres llegan a denunciar que han sido arrebatadas de sus hijos y les inician la carpeta como violencia familiar, cuando no es violencia familiar, la violencia vicaria tiene una pena de cárcel, hemos luchado hasta el cansancio para que se legisle y la Fiscalía no está ejerciendo su labor”, expresaron madres en el mitin realizado al finalizar la marcha del 8 de marzo en Tuxtla Gutiérrez.
En Chiapas, se estima que existen más de 60 denuncias de violencia vicaria, el caso más antiguo es de 14 años, pero también existen otros más recientes, de seis meses y hasta un mes.
“Hoy alzo la voz por todos los niños y niñas que han sido separados injustamente de sus mamás, esos niños se merecen tener una mamá, las mujeres merecemos poder maternar libremente, hoy alzo la voz por mis hermanas que están calladas, porque hemos vivido todo tipo de violencia, física, sexual, psicológica, violencia institucional y la peor de las violencias; violencia vicarial, porque nos han arrebatado a lo que más amamos, un violentador vicario, jamás será un buen padre”.
La violencia vicaria es aquella que se ejerce contra hijas, hijos, abuelos maternos, hermanos y seres queridos de una mujer para dañarla o causarle un trauma sicológico.
La Ley Vicaria sanciona este tipo de violencia de género, al limitar la patria potestad en casos de maltrato, además de que prevé una pena de entre cinco y ocho años de prisión para quienes participen en la manipulación de menores con este propósito.
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Madres que han sido separadas de sus hijos e hijas, aseguran que la Fiscalía del Estado toma estas denuncias como violencia familiar, lo que dificulta el proceso legal.
Foto: Ana Liz Leyte