Chiapas concentra la crisis
Jhonatan González NOTICIAS
En México, al menos 8 mil personas indígenas se encuentran privadas de la libertad sin haber contado con intérpretes ni abogados capacitados que comprendan su lengua y cultura, una situación que vulnera su derecho a una defensa justa.
De ese total, el 42 por ciento corresponde a Chiapas, pese a que desde hace tres décadas el Estado mexicano se comprometió, en los Acuerdos de San Andrés, a garantizar asistencia jurídica adecuada para los pueblos originarios.
En entrevista Sebastián Patishtán, coordinador del proyecto, aseguró que la falta de intérpretes sigue siendo uno de los principales obstáculos en el acceso a la justicia. “Cuatro de cada diez, que no tuvieron traductor, intérprete, que entendiera lo que le estaban diciendo. Entonces eso ya es grave”, advirtió.
Añadió que la problemática se agrava debido a la escasez de especialistas y a la falta de atención a las variantes dialectales: “Si a eso le sumamos que hay pocos traductores intérpretes y que no atienden las variantes dialectales de las lenguas, eso también agudiza más todavía la situación en materia jurídica”.
Ante este panorama, San Cristóbal de Las Casas será sede de un esfuerzo nacional para formar a 140 intérpretes jurídicos especializados, provenientes de 42 municipios y hablantes de cinco lenguas originarias: tseltal, tsotsil, zoque, ch’ol y mam. El programa consiste en un diplomado de nueve meses que brindará formación jurídica, lingüística y cultural para mejorar la calidad de las interpretaciones en audiencias estatales y federales.
El rector de la Universidad José Vasconcelos, Abraham Hernández, explicó que la institución ha dispuesto espacios específicos para cada lengua: “Tenemos aquí dentro de la universidad ya destinados cinco espacios, uno para cada lengua originaria, cada lengua tiene su coordinador y se van a ir desarrollando una ponencia por sesión”.
Especialistas coinciden en que la formación de intérpretes es clave para garantizar procesos legales justos. Patishtán subrayó la complejidad de trasladar conceptos jurídicos a lenguas originarias: “Necesitan formarse, capacitarse, conocer de estos tecnicismos, cómo poder traducir, cómo poder interpretar un concepto jurídico cuando en la comunidad no existen estas palabras o no se pronuncian”.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Chiapas existen únicamente 13 intérpretes certificados en materia de justicia para atender a una población de más de 1.4 millones de hablantes de lenguas originarias, lo que evidencia la magnitud del rezago.
Los intérpretes en formación buscan integrarse a instancias como la Fiscalía Indígena y los juzgados del Poder Judicial del Estado. En ese sentido, Jaciel León, intérprete de lengua mam, destacó el trabajo colectivo: “Afortunadamente contamos con el equipo que nos respalda y que nos van a poder ellos apoyar en la traducción de esos textos e interpretación también”.
La problemática trasciende fronteras. En Estados Unidos, indígenas migrantes también enfrentan barreras lingüísticas en procesos legales. Juan Carlos Díaz, intérprete de tzotzil, señaló: “Yo creo que he atendido unos 50 casos en los meses recientes… sí les ayuda bastante tener a alguien que hable su idioma, que les explique lo que el abogado… o lo que el juez les está diciendo”.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y busca fortalecer la justicia intercultural, así como preservar las lenguas indígenas como patrimonio vivo de México.
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En México, al menos 8 mil personas indígenas se encuentran privadas de la libertad sin haber contado con intérpretes.
FOTO: Jhonatan González