Están siendo obligadas a esperar hasta 7 días en obtener respuestas por parte del INM y poder ser trasladadas hacia Tapachula o Tuxtla Gutiérrez
Sergio García CORRESPONSAL / NOTICIAS
Unas veintena de organizaciones que conforman el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, denunciaron la violencia que viven las personas en contexto de movilidad y con necesidades de protección internacional que se encuentran cerca del Río Suchiate en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Alrededor de 800 personas en campamentos están a la espera de respuesta por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), sobre su traslado a Tapachula o Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo con la documentación realizada en las inmediaciones del río, las personas están siendo obligadas a esperar hasta 7 días en obtener respuestas por parte del INM y poder ser trasladadas hacia Tapachula o Tuxtla Gutiérrez.
Durante este tiempo no reciben ningún tipo de asistencia y en tanto, han tenido que instalar campamentos. Se identificaron hasta 80 tiendas de campaña en esta área, habitadas principalmente por familias con niñas y niños de primera infancia que, ante la falta de protección y atención de las autoridades correspondientes, se ven forzadas a utilizar agua no apta para consumo humano, tanto para hidratarse y preparar alimentos, como para la higiene personal.
Asimismo, no cuentan con acceso a servicios médicos y medidas de seguridad.
El personal de INM no brinda atención e información oportuna a las familias del campamento y de acuerdo a los testimonios de las mismas, de manera constante los agentes se burlan de ellas, la información proporcionada es confusa o falsa y en general, predominan los tratos violentos y discriminatorios.
En conjunto, esto imposibilita que las personas y familias puedan dar seguimiento a sus procesos migratorios.
La falta de respuesta de las autoridades para el acceso a procedimientos efectivos de regularización que respondan a las necesidades de las personas, así como la presente carencia de infraestructura apropiada, la exposición a condiciones climáticas adversas, la prevalencia de enfermedades regionales como el dengue y zika, sumadas a la ausencia de servicios sanitarios básicos, acceso a agua potable, electricidad y de seguridad pública, reflejan la omisión del Estado y dejan en una desprotección total y en un ambiente de violencia, equiparable a condiciones que, en suma de factores, pueden considerarse entornos de tortura.
La persistencia de estas situaciones es responsabilidad directa del Estado mexicano, en tanto son consecuencia de la política migratoria mexicana, centrada en la contención y detención de las personas migrantes, así como la demora excesiva, deliberada y arbitraria de procesos de regularización migratoria.
La situación que enfrentan las personas en estas condiciones profundizan la urgencia de que el Estado tome medidas adecuadas para brindar la atención. Es crucial que el gobierno mexicano cumpla de manera inmediata con sus responsabilidades y compromisos internacionales, y asegure un entorno seguro y digno para las personas en contextos de movilidad.
La inacción y la falta de respuestas efectivas ponen en peligro la dignidad y la calidad de vida de las personas y constituyen una violación grave de los derechos humanos.
Este colectivo llamó a que, de manera urgente, las autoridades correspondientes respondan a la situación de manera efectiva, respetuosa de los derechos humanos.
PIE DE FOTO:
Organizaciones denunciaron la violencia que viven las personas en contexto de movilidad y con necesidades de protección internacional.
Foto. Sergio García