En el primer semestre del 2023 se registraron 3 mil 243 personas desplazadas exclusivamente por la violencia del crimen organizado
Jhonatan González NOTICIAS
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), informó que entre 2010 y 2021 se han registrado aproximadamente 14,476 personas desplazadas en Chiapas, siendo los municipios de Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó los más afectados.
Las causas son diversas como por conflicto religioso, político y territorial, pero hay una razón de complejidad por la violencia y recrudecimiento ante la presencia de grupos de la delincuencia organizada.
La directora del Observatorio Ciudadano Chiapas, Carmen Villa Chávez, señaló que aunque no hay cifras exactas, la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos contabilizó en el primer semestre del 2023 a unas 3 mil 243 personas desplazadas en esta entidad exclusivamente por el tema de la violencia del crimen organizado.
El Observatorio Ciudadano Chiapas presentó un análisis del tema de desplazamiento que revelan que los hallazgos son alarmantes sobre el crecimiento de la violencia.
A pesar de este incremento, los delitos de narcomenudeo y trata de personas no han sido formalmente denunciados, según datos recopilados durante 2023.
Este fenómeno se vincula estrechamente con las actividades de grupos de la delincuencia organizada, generando una situación crítica que afecta especialmente a la población indígena.
“El Observatorio Ciudadano Chiapas comparó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 2023 con los de 2018 y 2022, revelando que, aunque en 2023 hubo una ligera reducción en la percepción de inseguridad, los niveles siguen siendo significativamente altos en comparación con 2018”, dijo Villa Chávez.
En consecuencia de la inseguridad, el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) se ha intensificado, llevando a familias enteras, especialmente en comunidades rurales, a abandonar sus hogares.
Este fenómeno, reconocido por la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos en su informe de septiembre de 2022, señala que la falta de cifras nacionales desagregadas dificulta conocer la magnitud del problema.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, en 2022, solo el 1.4% de los 509 mil 223 delitos estimados fueron denunciados en Chiapas, lo que podría evidenciar subregistro en las carpetas de investigación; por ejemplo, delitos de alto impacto como narcomenudeo y trata de personas, no presentaron un incremento en las cifras, sin embargo, las consecuencias en la cotidianidad de la población son evidente.
Recientemente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), anunció que debido al incremento de la violencia por parte de grupos del crimen organizado sus Municipios Autónomos Rebeldes (MAREZ) y las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas se disolvieron y se encuentran en proceso de reestructuración.
A pesar de la legislación y protocolos existentes en Chiapas, la falta de tipificación del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), en el Código Penal y la ausencia de una respuesta nacional integral han dificultado abordar este problema de manera efectiva.
Ante esta situación, hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales, así como al Senado de la República, para atender la crisis humanitaria en Chiapas y legislar en materia de Desplazamiento Forzado Interno.
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El Frayba informó que entre 2010 y 2021 se han registrado aproximadamente 14,476 personas desplazadas en Chiapas.
Foto: Jhonatan González