Fiscalía de NY inculpa a Rocha Moya, a senador Enrique Inzunza, a alcalde de Culiacán, a vicefiscal y a mandos policiacos de apoyo al CDS
La Razón
Un expediente federal en Nueva York colocó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a funcionarios de alto nivel en el centro de una presunta conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, con apoyo directo del Cártel de Sinaloa. La acusación incluye a un senador en funciones, mandos de seguridad y autoridades municipales, a quienes señala por brindar protección, recibir sobornos y facilitar operaciones criminales.
El documento, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, identificó a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre los implicados en una red que posiblemente colaboró con la facción de Los Chapitos para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
La acusación también señaló al exsecretario de Administración, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a quienes encabezaron la Policía de Investigación. También a Marco Antonio Almanza Áviles y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; a José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado.
En el ámbito municipal, el expediente colocó bajo la lupa al comandante Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, a quien vinculó con acciones operativas en favor de la organización criminal y un homicidio de alto impacto.
Autoridades estadounidenses sostuvieron que, además de facilitar el tráfico, los implicados proporcionaron protección institucional al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de Los Chapitos, a través de filtraciones de operativos, liberación de detenidos y uso de corporaciones policiacas para resguardar cargamentos.
El caso apunta de forma central a un acuerdo político-criminal en la elección de 2021. Según la acusación, Los Chapitos apoyaron la campaña de Rocha Moya y ordenaron a sus operadores robar boletas, intimidar votantes y secuestrar a candidatos opositores.
El documento judicial señaló que, tras el triunfo electoral, el gobernador cumplió compromisos al permitir que la organización criminal operara “con impunidad” y colocara a funcionarios afines dentro de estructuras de gobierno.
Las pruebas citadas por la fiscalía incluyen registros de pagos periódicos que, según la acusación, muestran cómo este grupo criminal distribuyó sobornos entre autoridades estatales y municipales para sostener su red de protección.
De acuerdo con esas listas, los pagos mensuales más altos se dirigieron a mandos de la Policía de Investigación, con montos de hasta 300 mil pesos.
El expediente también mencionó entregas de 200 mil pesos a funcionarios vinculados con áreas de procuración de justicia, así como depósitos o pagos de hasta 100 mil pesos para jefes operativos encargados de facilitar acciones concretas en campo.
En el ámbito municipal, la acusación apuntó a pagos de 30 mil pesos destinados a autoridades locales. En el caso de Culiacán, el documento señaló que Valenzuela Millán, Juanito, recibió dinero para él, sus comandantes y más de 40 elementos de la corporación, a cambio de permitir acceso al grupo criminal y utilizar recursos oficiales en apoyo a sus operaciones.
La acusación también describió acciones directas de autoridades para favorecer a la organización. Entre ellas, ordenar la liberación de integrantes detenidos por delitos de narcotráfico, impedir la ejecución de órdenes de aprehensión y advertir con anticipación sobre operativos contra laboratorios o rutas de transporte. En algunos casos, agentes estatales recibieron instrucciones de no acudir a casillas electorales pese a reportes de delitos durante la jornada de votación.
Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que la red no sólo operó como estructura de protección institucional, sino que también ejecutó acciones directas de violencia para preservar las operaciones del cártel.
El expediente judicial describió que algunos de los implicados utilizaron corporaciones policiales para ubicar, detener y entregar a personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
La DEA señaló en particular a Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, como el presunto responsable del secuestro y asesinato de un informante confidencial de la administración, identificado como “CS”. De acuerdo con el documento, integrantes de Los Chapitos lo señalaron por colaborar con autoridades estadounidenses y ordenaron que fuera “levantado”.
La acusación sostuvo que Valenzuela Millán participó en el secuestro de la víctima, así como de un familiar menor de edad, a quienes entregó a operadores del cártel. Tras esa intervención, según el expediente, el informante y sus familiares fueron torturados y asesinados como castigo por la supuesta filtración a las autoridades del país vecino.
Sobre el volumen del tráfico de drogas, la acusación utilizó decomisos específicos para dimensionar la operación que, según la fiscalía, fue protegida por la red de funcionarios señalados. Entre los casos citados figura una incautación en Phoenix, Arizona, donde autoridades aseguraron 630 mil pastillas de fentanilo, 41.2 kilogramos de fentanilo en polvo, más de cinco kilogramos de heroína, una cantidad similar de cocaína y 22 mil dólares en efectivo.
La acusación también mencionó el aseguramiento de cinco mil kilogramos de metanfetamina en California y cargamentos valuados en más de 53.5 millones de dólares. Para la fiscalía, estas cifras muestran la escala económica y logística de la organización criminal que, de acuerdo con el caso, habría operado con respaldo de autoridades estatales y municipales señaladas en la acusación.
El expediente también describió la capacidad armamentista del grupo. Los sicarios emplean armas de alto poder, incluidas ametralladoras, rifles AK-47 y AR-15, lanzagranadas y vehículos blindados, con los que ejecutan homicidios, secuestros y actos de control territorial.
El fiscal estadounidense Jay Clayton sostuvo que el caso revela cómo la organización criminal se sostuvo mediante la ayuda de autoridades. “El apoyo de funcionarios corruptos permitió que estas redes operen con libertad; este caso envía un mensaje claro, que nadie está por encima de la ley”, afirmó.
La autoridades estadounidenses indicaron que todos los imputados permanecen en México y enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, que podrían derivar en penas de 40 años hasta cadena perpetua.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una revisión formal de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa y, en paralelo, inició una investigación propia para determinar si existen pruebas que sustenten las acusaciones.
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Fiscalía de NY inculpa a Rocha Moya, a senador Enrique Inzunza, a alcalde de Culiacán, a vicefiscal y a mandos policiacos de apoyo al CDS .
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