Jhonatan González NOTICIAS
Tras ser acusado de pertenecer a un cártel inmobiliario en Tuxtla Gutiérrez, Víctor Manuel Ochoa Herrera, desmintió haber defraudado a la presunta víctima y por el contrario presentó pruebas donde asegura que el recurso por el que fue acusado mediáticamente se encuentra a disposición.
En conferencia de prensa detalló que el proceso de compraventa que originó los señalamientos, se llevó a cabo bajo términos legales, sin embargo, a petición de la compradora el contrato fue cancelado de conformidad.
“Nos han tildado de pertenecer a un cártel inmobiliario. Esto es falso y voy a demostrarlo (…) el conflicto surgió tras la cancelación de una promesa de compraventa celebrada con la ingeniera Selene, cuya asesoría fue encabezada por Ana Ruth, ambas involucradas en los recientes señalamientos públicos”, indicó.
El empresario detalló que el terreno en cuestión pertenece legalmente a su esposa, y que fue ella quien recibió una transferencia inicial de 900 mil pesos como parte del proceso de compraventa.
No obstante, cuando la parte compradora decidió cancelar el acuerdo, se buscó establecer un convenio de terminación para la devolución del anticipo y la restitución de una comisión previamente pagada a la asesora Ana Ruth.
“La señora Ana Ruth recibió una comisión de 40 mil pesos que yo anticipé de buena fe. En el momento de la cancelación, también debía devolver esa comisión, pero hasta la fecha no ha sido así”, precisó.
El empresario aseguró que intentó resolver el proceso de común acuerdo sin lograr un resultado exitoso. Ante la negativa de continuar por la vía del convenio, optó por la vía formal: “consignar el dinero ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas el 5 de junio se transfirió la cantidad de 900 mil pesos y el Consejo de la Judicatura emitió un certificado en el que se acredita que el dinero está resguardado y disponible para la persona que se determine legalmente”.
Asimismo, aclaró que la cancelación conlleva una penalización, establecida en el contrato firmado entre las partes. “En la cláusula séptima se estipula una penalización de 100 mil pesos por incumplimiento. Esto fue del conocimiento de la parte compradora desde el inicio”, agregó.
El empresario lamentó que el proceso haya sido llevado al ámbito público con acusaciones infundadas. “Es muy fácil clasificar y decir: ‘son rateros, defraudadores’. Pero aquí están las pruebas. La devolución está hecha, el dinero está seguro y se ha actuado conforme a derecho”.
Finalmente afirmó que procedió legalmente ante las autoridades por daño a su imagen tanto en páginas de redes sociales como de manera masiva en espacios públicos de la capital chiapaneca.
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Víctor Manuel Ochoa Herrera desmintió haber defraudado a la presunta víctima y por el contrario presentó pruebas donde asegura que el recurso por el que fue acusado mediáticamente se encuentra a disposición.
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