Ana Liz Leyte NOTICIAS
Recientemente la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), órgano autónomo encargado de evaluar la política social y medir la pobreza en México. Sus funciones serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que a partir de esta reforma será responsable de realizar tanto las mediciones como las evaluaciones integrales en materia de desarrollo social.
Desde 2005, el Coneval había desarrollado una metodología de medición multidimensional de la pobreza que incluía no sólo el ingreso, sino también indicadores de carencia como acceso a servicios de salud, educación, vivienda y alimentación. Esta herramienta permitió hacer visibles las desigualdades regionales y estructurales que afectan a millones de personas.
Uno de los estados donde estos datos cobraron especial relevancia es Chiapas, que históricamente ha concentrado los mayores niveles de rezago social. En su último informe, del año 2022, el Coneval reportó que en la entidad el 74.5 por ciento de la población vivía en pobreza y el 29 por ciento en pobreza extrema, el porcentaje más alto del país. Asimismo, Chiapas encabezó los indicadores de carencias en servicios básicos y alimentación.
Estos diagnósticos han sido utilizados por los gobiernos estatales, dependencias federales y organizaciones de la sociedad civil para planear, rediseñar o enfocar programas sociales. La preocupación de algunos sectores académicos y técnicos es que, con la desaparición del Coneval, se pierda la capacidad crítica e independiente de evaluar los resultados de estos programas, especialmente en contextos como el del sureste del país.
La reforma aprobada señala que el Inegi contará con las atribuciones y recursos necesarios para dar continuidad a estas funciones. No obstante, no se ha detallado cómo se garantizará la conservación de las metodologías existentes ni la autonomía en la evaluación de las políticas públicas implementadas por el propio gobierno federal.
A partir de la entrada en vigor del decreto, el Inegi deberá coordinarse con distintas instancias del Ejecutivo para integrar un nuevo esquema de medición y evaluación social.
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El Inegi deberá coordinarse con distintas instancias del Ejecutivo para integrar un nuevo esquema de medición y evaluación social.
Foto: Ana Liz Leyte