En la atención a personas refugiadas y migrantes en Chiapas hay violación sistemática a derechos humanos
Sergio García CORRESPONSAL / NOTICIAS
Tapachula.- Organizaciones civiles que conforman el colectivo de monitoreo de la Frontera Sur, han documentado con grave preocupación el deterioro institucional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), lo cual afecta el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes, como el procedimiento de asilo en el sureste mexicano.
La reestructuración de la COMAR, derivada de la falta de recursos económicos, ha provocado la reducción de personal operativo y de traducción.
Esto impacta en diversas áreas de la institución, generando retrasos significativos en los procesos de admisión, las entrevistas de elegibilidad y las resoluciones.
Como consecuencia, los procedimientos se prolongan hasta por más de un año, en contravención a lo establecido por la legislación.
Estas prácticas, actualmente normalizadas entre la población solicitante, generan desconfianza en el sistema de asilo y ante la incertidumbre y las nulas condiciones muchos se ven orillados a contratar estos servicios.
En cuanto a los vuelos humanitarios ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) a personas de nacionalidad venezolana, se ha identificado que existe una lista de espera de aproximadamente 4,000 personas entre las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, muchas de ellas pertenecientes a grupos familiares, que desde febrero aguardan una respuesta institucional.
Cabe destacar que desde el 20 de febrero cuando se anunció el inicio de los vuelos de retorno voluntario, solo han partido siete vuelos con alrededor de 2050 personas, bajo criterios opacos y discrecionales que carecen de transparencia. Lo que ha traído como consecuencia que familias que no cuentan con recursos económicos se vean obligadas a vivir en situación de calle y sin acceso a servicios básicos.
Respecto al campamento de personas migrantes ubicado debajo de la Torre Chiapas al oriente de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 18 de junio por la noche se llevó a cabo un operativo de desalojo. De acuerdo con medios locales, alrededor de 100 personas fueron retiradas del espacio público, en su mayoría familias y niñez, que tenían meses de espera ya que fueron trasladados desde Tapachula en autobús.
Esta acción fue ejecutada por el INM, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de Tránsito Municipal. Se trató de un operativo sin previo aviso, que vulnera los derechos humanos de personas que ya se encontraban en una situación de extrema precariedad y riesgo.
Bajo la narrativa de limpieza, de parte de las autoridades se sigue promoviendo la realización de operativos de vigilancia, por lo cual denunciamos y exigimos transparencia sobre los procedimientos aplicados, así como condiciones dignas para las personas desplazadas ya que lo sucedido en Tuxtla no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia sistemática de criminalización, hostigamiento y despojo contra personas en tránsito, que profundiza la vulnerabilidad sobre todo de infancias, mujeres y familias.
A la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración: les piden garantizar el funcionamiento adecuado de la COMAR mediante la asignación de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades operativas, incluyendo la contratación de personal calificado especialmente traductores y entrevistadores, a fin de agilizar los procedimientos de asilo y evitar retrasos que violan los plazos legales.
Investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción dentro de la COMAR, en particular las denuncias sobre colusión entre funcionarios y redes de abogados.
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La reestructuración de la COMAR, derivada de la falta de recursos económicos, ha provocado la reducción de personal operativo y de traducción.
Foto: Sergio García