La Consejera Presidenta provisional del IEPC señaló que la falta de sanciones efectivas ha permitido que algunos de estos casos concluyan sin una reparación del daño
Luis Vallejo NOTICIAS
La Consejera Presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, subrayó la urgencia de reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de garantizar que las mujeres electas ejerzan sus cargos libres de violencia política en razón de género.
Vila Domínguez comentó en entrevista que sostuvieron una reunión entre el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Arellano, María Teresa Olvera, representante de REPARE y ella para dialogar sobre una propuesta de reforma a la ley de instituciones para combatir la violencia política en razón de genero.
La Consejera explicó que desde 2020, año en que se aprobó el marco normativo en la materia, el IEPC ha integrado 141 expedientes relacionados con violencia política, cifra que refleja un incremento constante y que, advirtió, no refleja la totalidad de los casos, ya que muchas afectadas no se atreven a denunciar.
“La primera necesidad es que las mujeres ejerzan sus cargos de manera libre de violencia. La segunda es que las sanciones sean ejemplares, incluso con posibilidad de inhabilitación, porque solo así podremos inhibir estas conductas”, sostuvo.
De acuerdo con Vila Domínguez, la mayoría de los casos se registran en el ámbito municipal y son cometidos principalmente por presidentes o presidentas municipales contra síndicas y regidoras de representación proporcional. “Se olvida que ellas fueron electas por voto ciudadano y que ninguna autoridad puede colocarse por encima de esa voluntad”, enfatizó.
La funcionaria señaló que la falta de sanciones efectivas ha permitido que algunos casos concluyan sin reparación del daño. Citó como ejemplo lo ocurrido en San Juan Cancuc, Mitontic, donde mujeres electas no pudieron ejercer sus cargos durante todo el trienio.
La propuesta de reforma busca evitar estas prácticas al fortalecer los mecanismos de sanción y dar mayor eficacia a las tres vías de combate a la violencia política: administrativa (IEPC), jurisdiccional y penal.
Asimismo, resaltó que los cambios pretenden dotar de mayor fuerza a la Ley 3 de 3 contra la violencia, que actualmente cuenta con procedimientos, pero carece de herramientas para impedir que agresores accedan a cargos de elección popular.
“Lo que buscamos es darle dientes a la ley, para que las sanciones sean realmente ejemplares y sirvan como prevención. Las mujeres no están solas, deben tener certeza de que sus derechos serán respetados”, dijo para finalizar Vila Domínguez.
Foto: Luis Vallejo
Pie: Desde 2020 el IEPC ha integrado 141 expedientes relacionados con violencia política, cifra que refleja un incremento constante en este delito.