Las sanciones van desde los seis meses hasta los 11 años de prisión y multas arriba de los 207 mil pesos
Jhonatan González NOTICIAS
En lo que va de este proceso electoral, la Fiscalía de Delitos Electorales que depende de la Fiscalía General del Estado ha recibido un total de 172 denuncias, 49 de ellas ya fueron determinadas y 117 están en investigación.
En entrevista el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales en Chiapas, Ernesto López Hernández, señaló que las sanciones van desde los seis meses hasta los 11 años de prisión y multas arriba de los 207 mil pesos.
Agregó que hay 14 asuntos judicializados de la elección local pasada del 2021, cuyos casos no se han cerrado y siguen en investigación.
El funcionario detalló que, de los 172 expedientes por denuncia de delitos electorales, 49 ya fueron determinados y una vez realizado el análisis de la querella, y de investigación se concluyó que no existían hechos constitutivos de delitos, pero 117 se encuentran en etapa de investigación. El delito más sancionado es el uso de programas sociales con fines electorales.
“La fiscalía realiza una investigación seria profesional recabando datos de prueba necesaria para determinar si existe la probable participación de una persona en hecho que se considere un delito electoral y llevarlo ante el juez de control penal; tenemos 14 asuntos judicializados, 10 ya fueron resueltos con alguna de las formas de terminación de la propia legislación, como como suspensión condicional de procedimientos, abreviados donde se dictan sentencia y 4 asuntos que se encuentran pendientes de resolverse, tenemos 5 expedientes, 3 pendientes de llevarse a cabo la audiencia inicial y 2 en etapa de audiencia intermedia”, expuso.
El Fiscal de Delitos Electorales en Chiapas, Ernesto López Hernández, apuntó que los casos pendientes del 2021 entre ellos son de los municipios de El Parral y Emiliano Zapata por obstrucción de las tareas de funcionarios públicos, toma de consejos municipales y destrucción de boletas.
Entre otros delitos dijo están los de violencia política contra la mujer en razón de género, recoger ilegalmente credenciales de elector, solicitar votos por dinero, así como dos asuntos de servidores públicos por usar recursos públicos y una servidora pública de un ayuntamiento que usaban patrullas para llevar propaganda.
“La ciudadanía tiene que ir tomando más participación activa en el ejercicio de su derecho político electoral, en comparación a los otros procesos electorales, la ciudadanía tiene mayor acceso a la información por las redes sociales y por todos los medios que antes no existían”, enfatizó.
Cabe mencionar que de acuerdo con el nuevo modelo sistema de juicio oral, la prisión preventiva es una medida cautelar y se puede justificar al juez cuál es la excepción del porqué una persona debe estar privada de su libertad para seguir su proceso legal.
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Foto: Jhonatan González