El Universal
Senadores de oposición alistan la presentación de recursos para impugnar el proceso de aprobación de la reforma judicial en donde el oficialismo habría presionado para que al menos un senador no asistiera a la sesión, aseveró la senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien descartó que la detención de su compañero en Campeche, Daniel Barreda, sea pretexto para ausentarse de votación.
Expuso que la ausencia de Daniel Barreda, quien no pudo emitir su voto en contra de la reforma judicial, se haya pactado o fuera un montaje para darle la mayoría calificada al bloque oficialista, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.
“Evidentemente, todo esto lo hicieron con el dolo, con el cálculo de quitar un voto de esos 43 que la oposición teníamos, confirmados hasta antes de esta sesión del martes pasado”, lamentó.
Barrales dijo que es evidente que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se extralimitó en sus funciones, pues tenía una conducción con un objetivo claro, que era cumplir con la encomienda de sacar adelante la mal llamada reforma judicial y así lo hizo.
“Tenían tiempo, lugar, hora, todo calculado y pues él -Fernández Noroña- siguió el guión, la instrucción clara para que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera salir adelante y pasar a los Congresos locales”, apuntó.
Indicó que Daniel Barrera estuvo todo el martes, primero desaparecido y, luego, rindiendo una declaración, tras la detención de su padre y un diputado local en Campeche, por órdenes de la gobernadora Layda Sansores.
Indicó que no se puede dudar que esta «burda estrategia» sea una simulación, pues su compañero y su familia fueron objeto de amenazas y hostigamiento desde las semanas pasadas.
Lamentó que Morena y sus aliados recurrieran a las peores prácticas del viejo régimen con presiones, chantajes, amenazas y ofrecimientos de altas sumas de dinero, todo con tal de lograr a la mala la mayoría calificada en el Senado.
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Senadores de oposición alistan la presentación de recursos para impugnar el proceso de aprobación de la reforma judicial.
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