
La Razón

Por incurrir en falta durante el desempeño de su cargo, durante 2024 se presentaron casi 60 mil denuncias en contra de servidores públicos en la Administración Pública Federal (APF), lo cual representó un crecimiento de 48 por ciento respecto al año anterior.
Los resultados presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes al Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), mostraron que en 2024 se iniciaron 59 mil 526 investigaciones dentro de la misma administración.
Además, especificó que 158 funcionarios también fueron denunciados pero ya ante el Ministerio Público por cometer algún delito durante el ejercicio de sus funciones, como abuso de autoridad, cohecho, delitos contra la administración de la justicia, enriquecimiento ilícito, entre otros.
En cuanto a las sanciones administrativas, se establecieron en contra de dos mil 755 personas, aunque no se aclara si corresponde a los denunciados en el mismo año o de periodos anteriores. Sin embargo, la cifra creció 17.7 por ciento en comparación con 2023.
El informe también muestra que el total de personal en la federación fue de un millón 691 mil 406 personas, de las que 52.1 por ciento fueron mujeres y 47.9 por ciento, hombres.
El Censo Nacional de Gobierno Federal 2024, elaborado por el Inegi, es uno de los principales instrumentos de medición sobre la operación interna de las dependencias federales.
Además de reportar denuncias, investigaciones y sanciones, el documento ofrece un panorama amplio del funcionamiento administrativo, lo que permite contextualizar el aumento registrado en faltas y presuntas irregularidades dentro del gobierno federal.
El censo detalla que las denuncias pueden ser interpuestas tanto por ciudadanos como por otros funcionarios, y abarcan una amplia gama de conductas: desde incumplimiento de funciones, omisiones, faltas al código de conducta, hasta presuntos actos de corrupción.
El crecimiento anual del 48 por ciento en los señalamientos formales refleja un incremento en la capacidad de reporte, así como un mayor número de casos detectados por los Órganos Internos de Control, que son los responsables de iniciar las investigaciones administrativas.
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Las denuncias administrativas crecieron casi 50% mientras las sanciones aumentaron casi 18%, de acuerdo con datos del Inegi.
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