Tras una resolución judicial de una demanda laboral interpuesta hace más de ocho años por un ex trabajador, quien asegura haber sido despedido injustificadamente
Jhonatan González NOTICIAS
La escuela primaria “Moisés Sáenz Garza” enfrenta un posible embargo de bienes tras una resolución judicial derivada de una demanda laboral interpuesta hace más de ocho años por un ex trabajador, identificado como Jobito Morales Hernández, quien asegura haber sido despedido injustificadamente después de desempeñarse como policía de proximidad en las instalaciones del plantel.
De acuerdo con Magali Magdalena Rodríguez Núñez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, la situación mantiene preocupada a la comunidad escolar, pues el fallo podría afectar los recursos y bienes de la institución, a pesar de que —asegura— la escuela no tenía vínculo laboral formal con el demandante.
“Nosotros no somos abogados, pero los padres que han revisado la demanda dicen que está mal hecha. No existe contrato laboral, y el señor dependía del Ayuntamiento, no de la escuela”, declaró Rodríguez Núñez.
“Pedimos el apoyo de la Secretaría de Educación, porque la escuela no cuenta con área jurídica y nos sentimos totalmente desprotegidos”, agregó.
Según los testimonios de los padres, Morales Hernández comenzó a permanecer en la escuela hace más de una década, cuando algunos miembros del comité escolar le permitieron resguardarse en el plantel durante la noche, debido a su labor en la vía pública. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a realizar actividades dentro del inmueble, sin un acuerdo formal ni pago de nómina por parte de la escuela.
El afectado, por su parte, sostiene que trabajó durante ocho años recibiendo un pago mensual de 1,400 pesos, sin prestaciones, aguinaldo ni seguridad social. Afirma que, tras su despido, solicitó una compensación de 30 mil pesos, misma que —al no concretarse— derivó en la demanda que hoy pone en riesgo los bienes de la institución.
“Solo estoy peleando mis derechos laborales. No venimos a quitar nada ni a dañar a la escuela, solo a que se cumpla una orden judicial”, señaló Morales Hernández.
No obstante, los actuales representantes de padres de familia aclaran que la demanda fue interpuesta contra un antiguo comité escolar, ya inexistente, y no contra la actual asociación, por lo que consideran injusto que se pretenda ejecutar el embargo.
La presidenta Rodríguez Núñez adelantó que solicitará una audiencia con autoridades de la Secretaría de Educación en el área de Secundarias Federalizadas para exigir acompañamiento legal y evitar que la comunidad estudiantil se vea afectada.
“La escuela carece de recursos. Todo se sostiene con las cuotas de los padres: desde el material de limpieza hasta la papelería. No es justo que, por una mala gestión de hace años, hoy se ponga en riesgo la educación de nuestros hijos”, puntualizó.
Hasta el momento, la Secretaría de Educación Federalizada no ha emitido una postura oficial sobre el caso, mientras que padres y docentes mantienen la expectativa de una pronta intervención institucional que impida la pérdida del patrimonio escolar.
PIE DE FOTO:
Foto: