La acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias
Sergio García CORRESPONSAL / NOTICIAS
Tapachula.- El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, lanzó una acción urgente a las autoridades mexicanas, esto ante la disputa por el control de territorios en Chiapas y la acción poco efectiva del gobierno mexicano pone en riesgo inminente la vida y la seguridad de miles de familias.
En los últimos días la población civil en el estado de Chiapas se encuentra en alerta máxima por los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan la región. Se tiene conocimiento que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado.
La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.
Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, encabezadas por el Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales.
Estas afirmaciones, por una parte desconocen la imposibilidad que enfrentan las personas ante la amenaza de los violentos y el uso de las armas; y por otra, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndoles en objetivo militar.
En su informe y petición indican que los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población no son nuevos. En mayo, agosto y septiembre del año pasado se vivieron situaciones similares.
En aquellas ocasiones, el gobierno federal y estatal enviaron al Ejército y Guardia Nacional en respuesta al pedido de auxilio de la población, logrando disuadir la actuación de los grupos criminales. Sin embargo, al retirarse las fuerzas federales los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando 1/7 nuevamente a la población en riesgo.
Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales. En octubre del año pasado, Chicomuselo fue epicentro de la disputa territorial por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y personas migrantes. A inicios de este año, el despojo de territorios y el desplazamiento forzado se ha concentrado en la sierra y altos de Chiapas de donde han salido miles de familias huyendo del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos, así como, por las disputas que se siguen viviendo en la zona y que han ocasionado la muerte de civiles. El 13 de mayo se confirmó la masacre de 11 personas en el ejido Nueva Morelia perteneciente al municipio de Chicomuselo, aparentemente por oponerse a la extracción minera. Posteriormente, 19 personas fueron asesinadas el 28 de junio en La Concordia.
Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, “nadie entra y nadie sale” por orden de los grupos criminales. A esto se suman cortes de luz y de telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación.
Aunado a estos hechos, se han presentado acciones armadas como son enfrentamientos y balaceras en distintas zonas que representan un ataque contra civiles y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.
Las organizaciones civiles y humanitarias, por su parte, han visto restringida la posibilidad de prestar cualquier tipo de actividad. Consecuencia de esto ahora vemos el incremento del desplazamiento forzado de familias enteras huyendo, incluso al país vecino Guatemala, para salvar su vida. Inicialmente, se reportó el desplazamiento de 500 personas; sin embargo, no hay claridad en las cifras reportadas por las autoridades, y el dato más reciente reportado por el gobierno guatemalteco da cuenta de 249 personas albergadas en el departamento de Huehuetenango. Como ha sido señalado por la Corte-IDH, el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que pone en riesgo una gama de derechos y, por lo tanto, debe ser entendido como una condición de facto de desprotección, que pone a las víctimas en especial vulnerabilidad, la cual se acentúa por la proveniencia rural, su pertenencia a un grupo indígena, debido a su edad o de su identidad de género. En este sentido, identificamos como factores de desprotección: ● Las afectaciones a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad ● El reclutamiento forzado ● El confinamiento y las restricciones a la libre movilidad de la población ● La escasez de víveres y artículos de primera necesidad ● Las restricciones de acceso a la salud y la educación ● Las afectaciones a la vida colectiva y la desarticulación comunitaria.
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El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, lanzó una acción urgente a las autoridades mexicanas, esto ante la disputa por el control de territorios en Chiapas.
Foto: Sergio García