Jhonatan González NOTICIAS
A cinco años del asesinato de Adolfo Gómez dentro del Centro Estatal de Reinserción Social (CERSS) No. 5 de San Cristóbal, sus familiares piden justicia y exige se cumpla la Recomendación 5/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.
En conferencia de prensa en la localidad Chigton municipio de Ixtapa, Chiapas, Nereida Gómez Sánchez, hija de Adolfo Gómez, relató que su padre murió bajo custodia del Estado el 27 de julio de 2020, tras haber sido acusado de trata de personas, la cual fue parte de un proceso plagado de irregularidades, criminalización y violaciones a derechos humanos.
“Se siente como si fuera ayer, él ya no está vivo, pero para mí sí, porque yo sigo pidiendo justicia por su muerte”, expresó.
El caso se originó el 15 de julio de 2020, cuando Adolfo y su esposa fueron detenidos por un presunto delito contra la salud, días después, se les vinculó con el robo del menor Dylan Esaú Gómez Pérez, de apenas dos años, sustraído el 30 de junio de la central de abasto “Merposur”.
La narrativa oficial fue escalando hasta acusarlos de trata de personas en su modalidad de trabajos forzados a menores de edad.
En ese tiempo, dijo, la Fiscalía del Estado realizó allanamientos en el domicilio de la familia, y detuvo a tres mujeres además, 23 niñas, niños y adolescentes fueron trasladados al DIF estatal. Según los testimonios, todo se ejecutó sin pruebas suficientes y con uso excesivo de fuerza.
“Me habló mi hermana para decirme que los policías estaban en la casa de Tlaxcala con metralletas, queriendo entrar a la fuerza”, denunció Enereida, quien desde entonces ha encabezado las exigencias de justicia para su familia y para las 36 personas afectadas por el caso, entre ellas los 23 menores.
La organización Colectiva CERESA, que brinda acompañamiento legal a las víctimas, documentó el caso en la Recomendación 5/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.
Ángeles Montejo, abogada del colectivo, declaró: “Esta recomendación responsabiliza a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad del Pueblo por la tortura y muerte de Adolfo dentro del penal. También recoge numerosas pruebas de las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos”.
Montejo agregó que el expediente incluye testimonios, peritajes y solicitudes que prueban que Adolfo fue víctima de abuso institucional. “Todo eso complementa y refuerza la exigencia de verdad y reparación para su familia”, afirmó.
El 21 de julio de 2020, la Fiscalía estatal anunció con gran difusión mediática el “rescate” de 23 menores supuestamente explotados laboralmente, y la detención de tres mujeres: Maribel o María “N”, María Hortensia “N” y Juana “N”.
Sin embargo, defensores de derechos humanos denuncian que se trataba de una comunidad trabajadora en la que niños y niñas acompañaban a sus padres durante la jornada laboral, una práctica común entre familias indígenas en Chiapas.
Desde entonces, la familia Gómez ha enfrentado una fuerte criminalización. “Nos llamaron secuestradores, ladrones de niños, tratantes. Pero nada de eso es verdad”, aseguró Enereida. La familia exige al gobierno de Chiapas una disculpa pública por las violaciones cometidas y el daño irreparable ocasionado.
María Hortensia, una de las detenidas, narró el estigma que arrastran desde entonces. “Cuando intenté inscribir a mi hija al kínder, el director me dijo que los padres de familia me señalaron como una secuestradora y que los niños peligraban. Eso no es cierto,”, relató con voz entrecortada.
La mujer maya tzotzil agregó que en el ámbito laboral también han sufrido discriminación. “Una vez una señora me denunció porque vio que regañé a mi hija, me querían quitar a la niña, costó mucho convencerlos de que no era una delincuente”, explicó Hortensia, quien trabaja vendiendo artesanía en la plazuela de San Cristóbal.
Aníbal Gómez Sánchez, otro integrante de la familia, denunció que el hostigamiento no ha cesado. “No podíamos salir sin que nos gritaran robaniños, Hasta hoy nos siguen señalando. Aunque algunos vecinos nos apoyan, quedamos marcados para siempre y endeudados”.
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A cinco años del asesinato de Adolfo Gómez, sus familiares piden justicia y exige se cumpla la Recomendación 5/2025 de la CEDH.
foto: Jhonatan González