Ana Liz Leyte NOTICIAS
La subsecretaría de Educación Federalizada de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas, está obligada a transparentar y rendir cuentas sobre los procesos de asignación de docentes, con el fin de esclarecer posibles casos de tráfico de influencias y presuntos actos de corrupción.
Lo anterior, lo manifestaron, padres y madres de familia de la Escuela Primaria 7 de octubre, ubicada en la colonia Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, quienes dieron a conocer su inconformidad ante la reincorporación del docente Florencio Hernández Castillejo al plantel.
De acuerdo con el comité, el maestro no desempeñó funciones frente a grupo durante varios años, pese a contar con un espacio asignado dentro de la institución, lo que calificaron como una situación irregular.
“Nosotros, como parte del comité y como padres y madres de familia, nos manifestamos con gran preocupación ante la imposición de un maestro que nunca formó parte del personal docente de nuestra escuela primaria y que ahora lo quieren imponer por parte de las autoridades educativas, como son el subsecretario de Educación Federalizada, Alfredo Ramírez Guzmán; el director del nivel primaria, Noé Ramírez Chávez; en conjunto con el secretario de la Sección Siete, Isael González Vázquez”, refirieron.
Además, señalaron que la escuela cuenta actualmente con personal docente completo, mientras otras instituciones enfrentan carencia de maestros, por lo que consideran injustificada cualquier reasignación.
“El maestro que quieren imponer de manera irregular estuvo privilegiado cobrando sin trabajar por muchos años, sin tener un documento que justificara su ausencia de los salones de clases en el periodo sindical de Pedro Páez. Nuestra preocupación es que se altere el buen funcionamiento de nuestra escuela, que se ha caracterizado por tener a un personal docente, directivo, así como administrativo, comprometido con la educación de nuestros hijos”, lamentaron.
Asimismo, los padres expusieron antecedentes de conflictos entre el docente, maestros y padres de familia, lo que, indicaron, afecta la convivencia y la seguridad dentro del entorno escolar.
Ante esta situación, el comité informó sobre la presentación de escritos y denuncias ante distintas instancias educativas, sin obtener respuesta favorable hasta el momento.
También mencionaron sobre la existencia de una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por presuntos actos de intimidación registrados durante gestiones previas.
Finalmente, advirtieron que, de persistir la intención de imponer al docente, el comité y los padres de familia acordaron impedir su ingreso y proceder al cierre de la escuela como medida de protesta.
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Padres y madres de familia de la escuela primaria 7 de octubre indicaron que el maestro Florencio Hernández no desempeñó funciones frente a grupo durante varios años.
FOTO: Ana Liz Leyte