Las penas son de hasta cinco años de prisión, multas económicas e inhabilitación profesional, no se ha aplicado, pese a existir más de una decena de denuncias formales
Ana Liz Leyte NOTICIAS
Aunque en junio del 2025, el Congreso local reformó el Código Penal para tipificar como delito el maltrato animal, la realidad es que ningún caso ha procedido en Chiapas, pues, aunque las denuncias llegan a la Fiscalía de Delitos Ambientales, jueces dan libertad a los agresores.
“Lo más que se ha logrado son las órdenes de aprehensión que lamentablemente topan con decisiones de jueces que en su momento determinan la libertad de los agresores, llevando estos su proceso en libertad”, expuso Claudia Cisneros, activista rescatista y fundadora de “Huellas Chiapas A.C.”.
Actualmente, la Ley puede establecer penas de hasta cinco años de prisión, multas económicas e inhabilitación profesional en casos de crueldad contra perros y gatos, ninguna de estas penas se ha aplicado, pese a existir más de una decena de denuncias formales.
“Sabíamos que la tarea no se termina ahí porque es un tema que tiene que ver con la cultura, educación, tiene que ver con el tema de conciencia de personas, sabemos que el aumentar sanciones no es la solución al problema, pero disminuye o cohíbe la conducta de quien maltrata a los animales”, dijo la diputada local Marcela Castillo.
Que jueces decidan que los agresores queden en libertad, genera un desánimo para denunciar y ver que los agresores no obtienen un castigo ejemplar, con la posibilidad de volver a cometer este tipo de acciones.
“Esta frustración que genera ver a los agresores en libertad, sin embargo, sí hemos avanzado en ese sentido, porque antes no llegábamos ni siquiera a pensar en que la policía visitara el domicilio de un agresor”, agregó Claudia Cisneros.
Aunque existan leyes para sancionar a quienes incurran en maltrato o abandono animal, si desde la sociedad no se hace algo al respecto y se sigue fomentando la compra en lugar de la adopción, el problema no se solucionará, pues la crisis se origina –además del abandono- por la falta de esterilización, afectando tanto el bienestar animal como la calidad de vida en las comunidades.
PIE DE FOTO:
Las penas son de hasta cinco años de prisión, multas económicas e inhabilitación profesional, no se ha aplicado, pese a existir más de una decena de denuncias formales.
FOTO: Ana Liz Leyte