Jhonatan González NOTICIAS
Integrantes de asociaciones de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manifestaron su rechazo a la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución, al considerar que podría vulnerar derechos laborales adquiridos y generar incertidumbre jurídica, especialmente si se aplica de manera retroactiva.
En conferencia, Rubén Martínez Vázquez, presidente de una de las asociaciones de jubilados en Tuxtla Gutiérrez, informó que enviaron una carta a los 500 diputados federales para exponer su postura y solicitar la revisión de la propuesta. No obstante, señalaron que la reforma ya fue aprobada en comisiones.
En el documento, los jubilados expresan que, aunque la iniciativa busca reducir pensiones consideradas “exorbitantes”, no debe generalizarse ni afectar a miles de trabajadores que cumplieron con los requisitos legales para su retiro. “Estos casos excepcionales deben ser revisados de manera puntual conforme a derecho”, se expone en la misiva.
Subrayaron que las jubilaciones de los trabajadores de la CFE se encuentran respaldadas por convenios legales firmados conforme a la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos vigentes, por lo que constituyen derechos adquiridos. “La jubilación no ha sido un regalo, es un justo derecho ganado tras décadas de servicio, en muchos casos bajo condiciones de alto riesgo”, señalaron.
Los inconformes recordaron que desde el 18 de agosto de 2008 la CFE modificó su esquema de jubilaciones hacia cuentas individuales, además de que en 2016 se redujeron en un 35 por ciento las prestaciones, medidas que, aseguran, ya contribuyeron a la viabilidad del sistema.
Asimismo, advirtieron que el impacto económico de la reforma sería mínimo, al estimar que representaría apenas el 0.4 por ciento del total de las pensiones del sector público, por lo que cuestionaron su efectividad frente a las posibles afectaciones.
Los jubilados alertaron que una aplicación retroactiva de la norma constituiría una violación a derechos humanos y al principio de seguridad jurídica, además de sentar un precedente negativo en el Estado de Derecho.
También señalaron que la propuesta contempla la posible reducción de salarios para trabajadores en activo, lo que podría afectar la retención de talento especializado en instituciones estratégicas como la CFE, Petróleos Mexicanos (Pemex) y entidades financieras del sector público.
Finalmente, advirtieron que la aprobación de la reforma en los términos actuales podría enviar señales negativas a inversionistas nacionales y extranjeros, particularmente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los representantes reiteraron su llamado a los legisladores para analizar a fondo la iniciativa y garantizar que no se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores del sector público.
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Podría vulnerar derechos laborales adquiridos y generar incertidumbre jurídica, especialmente si se aplica de manera retroactiva.
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