Jhonatan González NOTICIAS
Integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunciaron que durante los últimos tres meses de este año, han sido víctimas de “amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante, como un modo de intimidación y de amenaza”.
A través de un comunicado los activistas señalaron que desde su fundación en 1989, la organización fue “objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas” por parte de agentes estatales y autoridades, debido a los “señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen” y que han denunciado.
Sin embargo, el documento también cita que desde el pasado mes de enero han registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de su trabajo desde Palacio Nacional, situación que ha desatado “una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales”.
“Los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal”, precisaron.
En este contexto de violencia en la que viven los integrantes, puntualizaron que a pesar de que el Frayba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no les ha garantizado la protección.
Desde hace 35 años el Frayba ha documentado y acompañado a víctimas y sobrevivientes en Chiapas, de graves violaciones a derechos humanos que buscan el acceso a la justicia frente a la impunidad, principalmente en el marco del conflicto armado interno que hasta ahora no se ha resuelto.
Asimismo apuntaron que han alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en el estado sureño del país, por lo que hoy se declaran estar “en medio de una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida”, mientras los riesgos van en aumento y con ello a quienes defienden los derechos humanos en el estado.
Pese a la crisis que enfrenta el estado por la violencia generada por el crimen organizado y otros factores de carácter político – social, el Frayba afirmó que “seguirá caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel”.
Ante ello, hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para efectos de seguir construyendo la paz.
“Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas son las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad”, puntualizaron.
De acuerdo con el informe elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en el país se han documentado 282 agresiones y 92 asesinatos, contra personas defensoras de los derechos humanos.
Por lo que en Chiapas resaltan los casos del activista Sinar Corzo Esquinca, quien fue asesinado en 2019 por denunciar arbitrariedades en el municipio de Arriaga, mientras que Mariano Abarca fue asesinado en 2009 por denunciar la explotación y los efectos ambientales en contra de las mineras canadienses extractoras de barita en Chicomuselo y que además hoy, se convirtió en un sitio en disputa por dos grupos del crimen organizado.
Precisamente el Centro de Derechos Humanos Frayba, también ha denunciado casos de defensores del territorio que han resultado encarcelados, como es el caso de José Díaz Gómez, indígena chol preso desde el año 2022 y también integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
A esta lista también se suman Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez y Martín Pérez Domínguez, defensores tzeltales que desde el 29 de mayo se encuentran detenidos por el presunto asesinato de un policía.
Además de Versaín Velasco, activista de la Selva Lacandona que denunció la presencia del crimen organizado en su comunidad, por lo que él y su familia fueron expulsados y luego acusados de diversos delitos por personas vinculadas al tráfico de personas y droga que operan en la región, por lo que hoy se encuentra en el penal 16 de Ocosingo cubriendo una condena de 58 años y 4 meses.
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Integrantes del Frayba denunciaron que durante los últimos tres meses de este año, han sido víctimas de “amenazas de muerte”.
Foto: Jhonatan González