Jhonatan González NOTICIAS
A cuatro años del desplazamiento forzado ocurrido los días 15 y 16 de diciembre de 2021, seis familias originarias de la comunidad Nueva Palestina municipio de Ocosingo, se manifestaron este martes frente a la Sede Central de Gobierno para exigir atención digna, reparación integral del daño y justicia por los hechos de violencia que les obligaron a abandonar sus hogares.
La protesta fue encabezada por Bersaín Velasco, defensor de Derechos Humanos y representante de las familias afectadas, quien denunció que, hasta la fecha, el gobierno estatal no ha dado una respuesta favorable ni ha garantizado condiciones mínimas para la subsistencia de las víctimas.
“Cumplimos cuatro años en esta situación sin una atención digna. El gobierno anterior no nos escuchó y hoy seguimos sin una reparación integral del daño”, señaló Velasco durante la manifestación.
De acuerdo con el defensor, la mayoría de las personas desplazadas son niños, niñas y adolescentes, quienes fueron despojados de su patrimonio tras un ataque armado en el que sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y quemadas. Desde entonces, las familias viven en condiciones precarias, con deficiencias graves en alimentación, vivienda, salud y educación.
Velasco expresó que mantienen la esperanza de que el actual gobierno estatal, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez, atienda el caso “con humanismo y conforme a los derechos humanos”.
Además del desplazamiento forzado, las familias denunciaron la desaparición de Freddy Gómez Santis, ocurrida el mismo día del ataque. Según el testimonio, existen al menos 10 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, las cuales no han sido ejecutadas; hasta ahora, solo una persona ha sido detenida.
“Sabemos que fue torturado y hemos señalado con nombre y apellido a los responsables, pero prevalece la impunidad”, afirmó el representante.
Otro de los reclamos centrales es la libertad inmediata de Bersain Velasco García, padre del vocero y también defensor de Derechos Humanos, quien —según denunciaron— fue criminalizado por su labor y por acompañar a las familias desplazadas.
El caso ha sido reconocido por instancias nacionales e internacionales: la Relatora Especial de la ONU para Defensores de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que reconoce a la familia como víctima. Asimismo, existe una queja en proceso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Finalmente, las familias hicieron un llamado urgente al gobierno estatal para que se establezca un diálogo directo, se garantice justicia, se ejecute la ley contra los responsables y se ponga fin a la impunidad que, aseguran, ha marcado su caso durante cuatro años.
PIE DE FOTO:
Familias originarias de la comunidad Nueva Palestina, se manifestaron este martes frente a la Sede Central de Gobierno.
FOTO: Jhonatan González
