Ana Liz Leyte NOTICIAS
La presencia de migrantes en Chiapas, ha disminuido, pero aún prevalece, y como consecuencia, los abusos y propuestas ilegales hacia esta población, por parte de los mismos mexicanos.
Y es que, a inicio de este 2026, la FGE, confirmó la detención de tres funcionarios del Registro Civil del municipio de Tzimol, presuntamente relacionados con el registro irregular de personas extranjeras como mexicanas.
Esta investigación se inició tras una denuncia recibida el pasado 12 de enero del 2026 por parte de la Dirección General del Registro Civil en Chiapas.
Sin embargo, migrantes que aún prevalecen en Chiapas, indican que, quienes llegan a aceptar la expedición ilegal de actas, lo hacen ante la desesperación de los procesos tan tardados, tanto de Comar, como del INM.
“Tengo un amigo que desde hace ocho meses está yendo a COMAR, y todavía no le han dado una respuesta, tarda demasiado y en caso de migración, lo que he escuchado es que ellos tienen que dar una visa temporal por un año”, expuso de manera anónima un migrante venezolano.
Él es un migrante venezolano que fue deportado desde Estados Unidos hacia Villahermosa meses atrás, posteriormente trasladado a Tapachula y actualmente permanece en Tuxtla Gutiérrez. Indica que, pese a realizar los trámites legales correspondientes, la respuesta es nula.
“Ellos tienen que seguir renovando todos los años, uno no tiene ningún documento ni nada, ellos dicen que esa visa ya no la están dando, ellos nos dicen que tenemos que ir a Comar a realizar trámites”.
Quienes no cuentan con recursos económicos para pagar a grupos que movilizan migrantes o a quienes cobran por obtener un documento apócrifo, lo hacen desde la legalidad, procesos que duran meses.
“Nosotros debemos tener un papel como de un reporte como si uno haya perdido la documentación y con ese reporte va a migración y solicita la visa temporal y si la niegan el abogado se va con un juez”.
Mientras, que es común que, entre grupos de migrantes, opten para pagar servicios que lejos de ayudarles, los pone en riesgo, pues, aunque los detenidos por expedir actas de nacimiento y matrimonio, eran trabajadores del Registro Civil, laboran para grupos criminales.
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Es común que, entre grupos de migrantes, opten para pagar servicios que lejos de ayudarles, los pone en riesgo.
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