Más de 9 mil personas han sido obligadas a abandonar su hogar.
Carlos Sánchez NOTICIAS
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del 2016 al 2020 se han registrado más de 36 mil desplazamientos forzados en Guerrero y Chiapas, dos estados sureños de México.
Durante 2020, nueve mil 741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en estas dos entidades, donde hubo 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados.
Actualmente en diversas zonas de Chiapas, se vive una crisis de violencia, debido a que diversos actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dio a conocer que del 2011 a la fecha, se han documentado 40 conflictos en Chiapas, en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres.
El último conflicto que se registró fue en el municipio indígena de Chenalhó, en la comunidad de Santa Martha en donde iniciaron enfrentamientos de grupos paramilitares el pasado 29 de septiembre de 2022; provocando el desplazamiento forzado de más de 50 familias quienes perdieron sus casas, mientras que una veintena de personas fueron asesinadas.
Reynaldo Pérez Pérez, defensor de los Derechos Humanos, dijo que estos desplazados habían salido de sus casas desde julio, pero durante varios diálogos con el presidente y con el grupo armado de la sección Santa Martha regresaron algunos a ver sus casas, donde posteriormente fueron asesinados.
“No hay nadie, ni apoyo del gobierno ni del parte del ayuntamiento porque también es mucho riesgo pues apoyarlos, entonces lo que se pide a esto es la urgente solución y la intervención del gobierno así como el Ejército y la Guardia Nacional para que vayan, porque el problema se agrava cada vez más.
En Chiapas existe una permanencia temporal respecto al fenómeno del desplazamiento desde la década de los setenta, se agudizó en los noventa a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo como principales actores que obligaron a las personas a salir de sus casas a los militares, y grupos armados de corte paramilitar, los cuales formaron parte de la estrategia de contrainsurgencia que el Estado mexicano gestó en la región Altos y Norte de Chiapas en los 90, con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas zapatistas y sus simpatizantes, tal y como lo señala el Plan de Campaña Chiapas 94.
En el caso específico del último desplazamiento de Chenalhó, activistas y desplazados relatan que todo inició por un conflicto de tierras que terminó en el asesinato de más de 20 personas.
Luis David, activista y desplazado, señaló que las características que actualmente tienen los desplazamientos son consideradas como una forma de tortura, ya que la población está en constante asedio, les infunden miedo, terror, sufrimiento físico y mental, con el objeto de controlar el territorio y apropiarse de él.
“La población en su conjunto vive una violencia cotidiana. Se encuentra envuelta en un contexto que se vuelve torturante. Es importante mencionar que las víctimas de los pueblos originarios sufren injusticias transversales: por su cultura, idioma y sexo. Además de la escasez de alimentos”.
El desplazamiento forzado, debido a las causas que lo generan, sus consecuencias y condiciones en que se encuentran las personas desplazadas, así como sus efectos físicos, psicológicos, comunitarios y los daños irreversibles por este acontecimiento traumático en el ámbito personal y comunitario son equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
Cabe destacar que el desplazamiento forzado es uno de los fenómenos históricos y de impunidad que se sigue manteniendo en diferentes lugares de México. La violencia generalizada que se ha desatado en el país en la última década ha obligado a que miles de personas tengan que abandonar sus hogares, ya sea porque han sido víctimas de un delito o porque han sufrido hostigamiento y amenazas por actores armados vinculados al crimen organizado. Tan solo de enero a diciembre de 2019 se logró el registro de 28 episodios de desplazamiento interno masivo en México, donde los estados más afectados fueron Chiapas y Guerrero.
