La colectiva ‘Pacto de Sororidad’, lamenta que en Los Altos de Chiapas aún se presenten matrimonios forzados y embarazos infantiles
Luis Vallejo NOTICIAS
La presidenta del Pacto de Sororidad e integrante de la Agenda Feminista 2024-2030, la doctora Sandra Aurora González Sánchez, advirtió que el argumento de los usos y costumbres no puede utilizarse como un “cheque en blanco” para justificar la violencia contra niñas en la región Altos de Chiapas, particularmente en casos de matrimonios forzados y embarazos infantiles.
Lo anterior, luego de que en días recientes se diera a conocer el caso de una niña de 13 años que dio a luz en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, hecho que generó un amplio debate social sobre la vulneración de los derechos sexuales, reproductivos y humanos de las infancias.
En entrevista, la académica y defensora de derechos humanos calificó como lamentable que este tipo de situaciones aún ocurran en Chiapas, pese a que existen leyes nacionales e instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano a proteger de manera especial a niñas y adolescentes.
“Ni los usos y costumbres ni la autonomía de los pueblos originarios pueden emplearse para hacer un uso indebido del poder y ejercer violencia contra las niñas. No pueden ser un cheque en blanco”, sostuvo González Sánchez, quien señaló que existen omisiones graves en distintos niveles de gobierno que deben ser atendidas de manera inmediata.
Asimismo, rechazó los señalamientos vertidos en redes sociales que responsabilizan a colectivos feministas por la falta de educación sexual, al aclarar que dichas organizaciones no sustituyen al Estado ni cuentan con recursos públicos.
“Las colectivas feministas somos grupos honoríficos, no recibimos financiamiento. Estamos organizadas por convicción y compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, pero la responsabilidad principal es del Estado”, afirmó.
En ese sentido, subrayó que el Estado, al recaudar impuestos y contar con una estructura institucional, tiene la obligación de garantizar de manera integral la educación sexual, la salud y la protección de las infancias, quienes deberían estar estudiar y jugar, no ser obligadas a asumir maternidades.
La presidenta del Pacto de Sororidad señaló que la falta de una verdadera transversalización de la perspectiva de género ha provocado que las instituciones actúen de forma aislada, sin una estrategia conjunta que prevenga la violencia extrema contra niñas y adolescentes.
Para finalizar, la activista hizo un llamado a que dependencias como la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno —a través de la Alerta de Violencia de Género— y la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (SEMUIGEN) asuman de manera coordinada su responsabilidad, especialmente en los municipios que cuentan con recomendaciones por violencia de género.
Foto: Luis Vallejo
Pie: La especialista dijo que el argumento de los usos y costumbres no puede utilizarse para justificar la violencia contra niñas.