La señora Beatriz Castillo indicó que su despido podría estar relacionado con el manejo de información administrativa sensible por posibles irregularidades al interior del área Política Fiscal
Luis Vallejo NOTICIAS
La señora Beatriz Castillo Damas, ex trabajadora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, denunció haber sido víctima de hostigamiento laboral, violencia de género y despido injustificado por parte de autoridades municipales, hechos que —afirmó— vulneraron su salud, estabilidad económica y derechos laborales tras 25 años de servicio.
Castillo Damas denunció ante los medios que los hechos ocurrieron el 9 de diciembre pasado, mientas laboraba en el área de Política Fiscal, donde se desempeñaba como personal administrativo. Señaló que su entonces jefe inmediato, Efraín Soberano Pola, la acusó públicamente y de manera agresiva de filtrar información a otras áreas del Ayuntamiento.
En ese sentido, consideró que las acusaciones en su contra podrían estar relacionadas con el manejo de información administrativa sensible, particularmente nóminas, lo que —dijo— podría generar incomodidad al interior del área por posibles irregularidades.
“Me señaló delante de todos, me llamó chismosa, conflictiva y pleitista. Le pedí respeto, pero continuó con las ofensas”, expresó.
La denunciante explicó que, derivado de la agresión verbal, sufrió una crisis de ansiendad que se agravó debido a padecimientos de hipertensión y depresión, por lo que tuvo que acudir de urgencia al servicio médico, donde —dijo— estuvo en riesgo de sufrir un evento cerebrovascular.
Tras los hechos, Castillo Damas presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos por violencia de género, intimidaciones y hostigamiento, situación que, aseguró, detonó mayores represalias en su contra.
Detalló que el 22 de diciembre fue notificada sobre el inicio de un acta administrativa y que el 26 de diciembre se levantó dicho procedimiento, en el cual fue acusada de agredir a su superior, versión que negó categóricamente.
El hostigamiento escaló hasta que finalmente, el 19 de enero de 2026, le fue notificado su cese definitivo, documento que, afirmó, fue firmado por el presidente municipal Ángel Torres.
Castillo Damas subrayó que, durante sus 25 años de trayectoria laboral, nunca había recibido sanciones ni actas administrativas, y que se encontraba a solo tres años de jubilarse como personal de base.
“Me están quitando mis servicios médicos, mi sustento y mi derecho a una vida digna. Soy una mujer de 60 años y estoy enferma”, lamentó.
Ante esta situación, la ex trabajadora hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez para que intervenga y ordene una investigación a fondo sobre presuntos abusos de poder y actos de corrupción en la Coordinación General de Política Fiscal, así como al presidente municipal para que revise la actuación de sus funcionarios.
También solicitó el acompañamiento de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, entre ellas la colectiva 50+1, al considerar que su caso constituye una forma de violencia institucional y laboral.
“Solo pido que investiguen y que se respeten mis derechos. No es justo que después de toda una vida de trabajo me dejen sin sustento ni atención médica”, dijo para finalizar.
Foto: Luis Vallejo
Pie: La denunciante señaló a Efraín Soberano responsable del área de Política Fiscal por hostigamiento y acoso laboral.