Luis Vallejo NOTICIAS
Transportistas en el estado expresaron su respaldo a las detenciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra presuntos responsables de la venta ilegal de concesiones, y demandaron que las investigaciones se amplíen para alcanzar a exservidores públicos que habrían participado en estos hechos.
En entrevista Franklin Herrera, presidente de la Coordinadora Independiente de Trabajadores Chiapas (CIT Chiapas), reconoció las acciones emprendidas por el gobierno estatal para combatir prácticas de fraude y extorsión dentro del transporte público, al tiempo que subrayó la importancia de que no exista impunidad.
Herrera destacó el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, por iniciar procesos legales contra quienes, dijo, se aprovecharon de la necesidad de cientos de transportistas mediante la venta irregular de concesiones.
Indicó que, tras varios meses de investigación, se logró la detención de Plácido Límber Morales Molina, a quien señaló como presunto operador del exsecretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García. No obstante, advirtió que existen intentos de presión por parte de actores políticos y exfuncionarios para obtener su liberación.
“El llamado es a que las investigaciones se conduzcan de manera formal y conforme a derecho, sin tráfico de influencias ni protección a nadie”, sostuvo.
El dirigente transportista enfatizó que uno de los principales reclamos del sector es la reparación del daño a las personas defraudadas, muchas de las cuales, afirmó, fueron víctimas de amenazas para evitar que denunciaran los hechos. En ese sentido, convocó a los afectados a presentar denuncias y confiar en las autoridades.
Detalló que, tan solo dentro de la CIT Chiapas, se tiene registro de alrededor de 50 personas afectadas, con un daño económico estimado en tres millones de pesos, mientras que en otro caso relacionado con exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad y Transportes el monto podría ascender a entre seis y siete millones de pesos, afectando a cerca de un centenar de transportistas.
Herrera destacó que, durante el cierre de la administración estatal anterior, se habría registrado una entrega irregular masiva de concesiones, situación que —dijo— fue frenada con la llegada del actual gobierno.
“Se trató de un engaño que generó falsas expectativas y graves afectaciones económicas. Por eso es indispensable que se investigue a fondo, sin importar nombres o cargos”, afirmó.
Para finalizar, el transportista reiteró su exigencia de que las investigaciones alcancen a todos los involucrados, incluidos exfuncionarios, y sostuvo que la aplicación de la ley fortalece la confianza del sector transportista para seguir denunciando irregularidades.
Foto: Luis Vallejo
Pie: Herrera destacó que, durante el cierre de la administración estatal anterior, se habría registrado una entrega irregular masiva de concesiones.
