Ana Liz Leyte NOTICIAS
El proceso para renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas (STSGECH) quedó sin efectos legales, luego de que un resolutivo judicial determinara que no existe autoridad sindical facultada para emitir convocatorias, ni para organizar elecciones internas. La resolución imposibilita validar cualquier intento de relevo en la dirigencia.
De acuerdo con el fallo del Juzgado Tercero Especializado en Materia Burocrática, la convocatoria emitida el 11 de noviembre carece de sustento legal, al haber sido firmada por quien ya no ostenta el cargo de secretaria general. El órgano jurisdiccional estableció que el periodo de Claudia Patricia Ulloa Zenteno concluyó formalmente, situación que quedó firme mediante la sentencia del amparo indirecto 758/2025 y su confirmación en el recurso de revisión 204/2025, por lo que no cuenta con atribuciones para encabezar ni conducir el proceso de renovación sindical.
En este contexto, la negativa de registro a la Planilla Verde fue señalada como resultado de un procedimiento inválido. Su aspirante, Olga Mabel López Pérez, explicó que la convocatoria anulada otorgó apenas tres días para el registro de planillas y fue utilizada como base para rechazar su inscripción el pasado 18 de noviembre, hecho que ya fue impugnado ante el Juzgado Tercero Burocrático bajo el expediente JOLC/186/2025.
Más allá del litigio, la resolución judicial evidenció el impacto directo de la falta de dirigencia en la vida cotidiana del sindicato. La ausencia de una representación legal ha paralizado trámites, gestiones administrativas y el acceso a prestaciones, dejando a miles de trabajadores sin respaldo institucional. Entre los rezagos identificados se encuentran pagos pendientes de seguros de vida, licencias laborales detenidas y procesos administrativos inconclusos, derivado de que no existe una instancia sindical con capacidad jurídica para intervenir.
Ante este panorama, la Planilla Verde planteó como salida la reconstrucción del consenso interno y la organización de una asamblea general de unidad que permita restablecer la legalidad sindical.
Al explicar el enfoque que propone su grupo, López Pérez sostuvo que “tenemos que generar el consenso con todas las fuerzas y con todas las corrientes y con todos los grupos y liderazgos, las representaciones sindicales y este las delegaciones sindicales para que todos juntos podamos hacer una asamblea y salga de esa asamblea la representación”.
La aspirante advirtió que la carencia de un comité sindical no es un problema menor y tiene consecuencias directas para los agremiados.
“Pues todos nuestros trámites se quedan en suspenso porque no tenemos quien haga esa tarea, del cual se supone que para eso tenemos una dirección sindical y que al momento de que se le terminó su periodo, pues obviamente quedamos todos en estado de indefensión”, señaló, al referirse a situaciones como préstamos, apoyos por defunción o acompañamiento institucional que hoy no pueden gestionarse.
También alertó sobre adeudos y retrasos que se han acumulado con el paso de los meses.
“Hemos recabado la información que existen aproximadamente 100 seguros de vida que no ha sido pagado. Hay, por ejemplo, licencias que los compañeros pues necesitan para poder estar en otro espacio laboral y tampoco se puede dar trámite”, expuso, además de señalar que durante el periodo reciente algunos trabajadores no pudieron acceder a licencias por la falta de una representación vigente.
En materia financiera, López Pérez consideró indispensable transparentar el manejo de los recursos sindicales, al reconocer que actualmente no existe información clara sobre su situación.
PIE DE FOTO:
Un resolutivo judicial dejó sin efectos la convocatoria emitida el 11 de noviembre.
FOTO: Ana Liz Leyte
