La Razón Online
El presidente Donald Trump firmó la ley de financiamiento del Gobierno federal que pone fin al cierre más largo en la historia de Estados Unidos. Con 43 días de interrupción, la parálisis afectó a cientos de miles de empleados y frenó servicios esenciales, desde el control aéreo hasta la asistencia alimentaria.
El proyecto fue aprobado la noche de ayer por la Cámara de Representantes con 222 votos a favor y 209 en contra, tras el respaldo previo del Senado. La medida extiende la financiación hasta el 30 de enero y garantiza recursos para agencias clave durante el resto del año fiscal 2026. Así, los trabajadores federales retomarán sus labores este jueves, mientras las operaciones gubernamentales se restablecen gradualmente.
El cierre, iniciado por un desacuerdo sobre subsidios federales de seguro médico, dejó al país con una deuda que seguirá aumentando en 1.8 billones de dólares anuales, dentro de un total que ya alcanza los 38 billones. Aunque la firma de Trump ofrece un respiro administrativo, no resuelve las divisiones partidistas que llevaron al bloqueo.
Durante el debate, casi todos los republicanos respaldaron el paquete, junto a seis demócratas. La oposición demócrata acusó a los legisladores del Senado de ceder ante la Casa Blanca sin lograr garantías sobre los subsidios de salud. La representante Mikie Sherrill, quien dejará el Congreso para asumir como gobernadora de Nueva Jersey, criticó el acuerdo al advertir que “no debe convertirse en un sello rojo de una administración que quita la comida a los niños”.
El representante republicano David Schweikert comparó el proceso con “un episodio de Seinfeld”, al señalar que tras semanas de parálisis, “nadie entiende cuál fue la trama”. La falta de consenso, dijo, convirtió la ira política en una práctica recurrente del Congreso.
El levantamiento del cierre permitirá reactivar la distribución de alimentos, normalizar el tráfico aéreo y recuperar la difusión de estadísticas económicas. Agencias como el Departamento de Trabajo y la Oficina del Censo retomarán la publicación de datos sobre empleo e inflación, aunque la Casa Blanca advirtió que algunos informes, como los correspondientes a octubre, podrían no publicarse nunca.
Economistas estiman que el cierre restó más de una décima de punto al crecimiento del PIB cada semana, aunque gran parte de la producción perdida se recuperará en los próximos meses. La reanudación del gasto público también podría aliviar a millones de familias antes de la temporada navideña.
La ley sólo posterga los conflictos. La nueva fecha límite del 30 de enero anticipa otro pulso político por el presupuesto. Los republicanos exigen mayor control del gasto y los demócratas insisten en proteger los programas sociales.
Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 50 % de los estadounidenses responsabiliza a los republicanos del cierre, frente al 47 % que culpa a los demócratas, lo que evidencia la falta de un ganador político claro.
El cierre, que comenzó como una pugna presupuestaria, se convirtió en un símbolo del estancamiento legislativo en Washington. Mientras el Congreso intenta retomar la normalidad, el país enfrenta las secuelas económicas y sociales de un pulso que duró más de seis semanas y dejó a los ciudadanos con la sensación de haber sido rehenes de una disputa partidista.
PIE DE FOTO:
El Congreso aprueba un presupuesto temporal tras 43 días; los trabajadores regresarán a sus puestos.
FOTO: AGENCIAS