La Razón
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría recuperar la libertad en los próximos días si una jueza federal concede la petición de libertad anticipada que su defensa presentó tras acreditar haber cumplido la mayor parte de la pena que se le impuso en 2018 por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
La resolución quedó fijada para una audiencia del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, que se llevará a cabo este miércoles, donde se evaluará si Duarte reúne los requisitos legales —tiempo efectivo cumplido, buena conducta y ausencia de procesos que lo impidan— para recobrar su libertad.
Duarte fue condenado en 2018, mediante un procedimiento abreviado, a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que el delito de delincuencia organizada, del que originalmente había sido señalado, fuera reclasificado a asociación delictuosa, que amerita una pena mucho menor, tras las investigaciones por el presunto desvío multimillonario de recursos durante su administración (2010–2016).
Fue acusado de encabezar una red de empresas fantasma utilizada para desviar recursos públicos por más de mil 600 millones de pesos. Su administración fue señalada también por presuntos actos de corrupción y malversación de fondos, además de denuncias por falsas quimioterapias para niños con cáncer.
Tras solicitar licencia a su cargo en 2016, huyó del país y fue detenido en Guatemala en abril de 2017. Fue extraditado a México y condenado en 2018 a nueve años de prisión. En 2023 fue absuelto del delito de desaparición forzada, quedando vigente únicamente su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa.
Su defensa sostiene que el exmandatario ya cumplió alrededor del 95 por ciento de la pena y por ello solicitó el beneficio de la liberación anticipada; de negársele, su salida automática se produciría cuando concluya formalmente la sentencia, prevista para abril de 2026.
Sus abogados presentaron la semana pasada 24 pruebas y testimonios a su favor, alegando buena conducta, tiempo de reclusión cumplido y ausencia de causas vigentes.
Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 12 en contra, argumentando que el exmandatario aún tiene pendientes por cumplir y que su liberación sería una “afrenta a la justicia”.
La audiencia está programada para este 12 de noviembre; la decisión que tome la jueza marcará si Duarte sale en breve del Reclusorio Norte o si permanece tras nuevos recursos y posibles diligencias complementarias por parte del Ministerio Público.
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Javier Duarte durante su detención en Guatemala.
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