Republicanos impiden limitar la ofensiva militar; Gobierno reconoce que carece de legalidad para embestidas en el Caribe
La Razón Online
El Senado estadounidense rechazó ayer una resolución que buscaba restringir las facultades del presidente Donald Trump para ordenar ataques militares en Venezuela, en medio de una creciente controversia por la campaña antidrogas lanzada en el Caribe y el Pacífico oriental. La votación, ajustada con 49 votos a favor y 51 en contra, evidenció la división política en torno a los límites del poder ejecutivo y el papel del Congreso en la autorización del uso de la fuerza.
La propuesta, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, planteaba que el mandatario debía cesar “el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades dentro o contra Venezuela” salvo que existiera una autorización explícita del Congreso o una declaración formal de guerra. Sólo dos republicanos, Rand Paul de Kentucky y Lisa Murkowski de Alaska, se sumaron al bloque demócrata.
“El Congreso no debería ceder su poder a ningún presidente”, afirmó Kaine tras la votación, recordando que los fundadores del país establecieron un equilibrio de poderes precisamente para evitar decisiones unilaterales sobre la guerra.
La campaña antidrogas ordenada por el magnate comenzó el pasado 2 de septiembre con ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico, principalmente frente a las costas de Venezuela y de Colombia. Desde entonces, Estados Unidos ha ejecutado 17 operaciones, con un saldo de al menos 70 muertos, en lo que analistas califican como el mayor despliegue naval desde la Guerra del Golfo de 1991.
Días antes Donald Trump justificó los bombardeos como parte de una ofensiva para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. “Muchas de las drogas venezolanas entran por mar, pero también vamos a detenerlas por tierra”, dijo. Sin embargo, la Casa Blanca reconoció ante el Congreso que no existe justificación legal para extender esas acciones a territorio venezolano.
Durante una reunión informativa en el Capitolio, el miércoles pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, explicaron que la “orden de ejecución” que dio inicio a la operación marítima no incluye objetivos terrestres. Funcionarios admitieron que el gobierno busca una nueva opinión legal que permita ataques dentro de Venezuela sin requerir autorización legislativa.
Por su parte, el senador Mark Warner, jefe demócrata del Comité de Inteligencia, advirtió que la opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia “ni siquiera menciona a Venezuela” y la calificó de “errónea y excesivamente amplia”. En tanto, Adam Schiff, también demócrata, alertó que su aplicación “autorizaría prácticamente cualquier acción militar en cualquier parte del mundo”.
Kaine recordó que la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973 obliga al presidente a consultar al Congreso antes de involucrar tropas en hostilidades y a retirarlas en un plazo máximo de 60 días si no hay autorización. Ese plazo, dijo, ya venció sin que Trump solicitara la aprobación correspondiente.
Desde el Pentágono, un alto funcionario replicó que los ataques se realizan con drones y misiles lanzados desde buques “a distancias seguras”, por lo que no se consideran hostilidades en sentido estricto. Pero varios legisladores y expertos legales cuestionan esa interpretación, argumentando que el uso de fuerza letal fuera de un marco legal constituye una violación al derecho internacional.
A su vez, el senador Rand Paul denunció la falta de transparencia en la designación de objetivos. “¿A caso es mucho pedir saber los nombres de quienes matamos antes de matarlos?”, preguntó en el pleno, exigiendo que el gobierno presente pruebas de la supuesta vinculación de las víctimas con el narcotráfico.
Mientras tanto, el representante demócrata Jim Himes expresó preocupación por la falta de certeza en la identificación de los blancos: “No estoy seguro de que sepamos con precisión quiénes están en esos barcos y por qué”.
El despliegue estadounidense, que incluye el portaaviones nuclear Gerald R. Ford, seis destructores, tres buques anfibios y un submarino, ha sido interpretado por varios gobiernos latinoamericanos como una señal de presión política contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ante ello, Caracas calificó los ataques como “agresiones ilegales” y los denunció ante las Naciones Unidas, mientras que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos los tildó de “inaceptables” por violar normas internacionales.
En tanto, el mandatario venezolano acusó a Trump de promover un cambio de régimen bajo el pretexto del combate al narcotráfico, una acusación que Washington niega. Sin embargo, en una entrevista reciente, el mandatario estadounidense afirmó que “los días de Maduro están contados”, con lo que alimentó las sospechas de una agenda política detrás de las operaciones.
De acuerdo con fuentes citadas por CNN, el Departamento de Justicia evalúa una lista de 24 organizaciones criminales latinoamericanas susceptibles de ser atacadas bajo la campaña antidrogas, lo que incrementa el temor a una ampliación regional del conflicto.
En tanto, los líderes demócratas reiteraron que insistirán en una nueva votación sobre los poderes de guerra, mientras que algunos republicanos han mostrado incomodidad con la prolongación de los ataques. Schiff señaló que varios legisladores “pensaban que se trataba de una campaña corta, pero ahora temen una escalada sin fin”.
A pesar del rechazo del Senado, Kaine aseguró que exigirá transparencia: “Si Estados Unidos va a la guerra, debe hacerlo con el consentimiento de su pueblo, no por decreto presidencial”.
Por ahora, la administración de Donald Trump mantiene su postura: los ataques se limitan a operaciones marítimas, sin incursiones terrestres. Pero la acumulación de buques de guerra frente a las costas sudamericanas y la falta de claridad legal hacen temer que la frontera entre operación antidrogas y conflicto armado se esté desdibujando peligrosamente.
PIE DE FOTO:
El Senado estadounidense rechazó una resolución que buscaba restringir las facultades del presidente Donald Trump para ordenar ataques militares en Venezuela.
FOTO: AGENCIAS