El IEPC de Chiapas, ha abierto 20 expedientes relacionados con estos casos de los cuales ocho han derivado en sanciones administrativas
Jhonatan González NOTICIAS
En lo que va del año el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, ha abierto 20 expedientes relacionados con casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de los cuales ocho han derivado en sanciones administrativas, cuatro fueron desestimados por falta de pruebas y el resto continúa en proceso de investigación.
En entrevista la consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez, detalló que esta problemática lejos de disminuir tras los procesos electorales, ha mostrado un preocupante incremento, particularmente en el ámbito municipal, donde la afectación se centra principalmente en síndicas y regidoras de representación proporcional.
“Hemos recibido muchos casos, aunque no todos se han traducido en denuncias formales. Las mujeres nos han compartido su temor a represalias, a que las agresiones se intensifiquen. Nos dicen: ‘nosotras vivimos allá’, lo que hace aún más difícil que se atrevan a denunciar”, expresó.
Aunque el IEPC tiene la facultad de investigar a través de procedimientos especiales sancionadores existen limitaciones legales, es decir, el Instituto no puede sancionar directamente a servidores públicos electos, pero sí puede decretar responsabilidades administrativas y ordenar la inscripción de los agresores en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género.
Actualmente, Chiapas ocupa el tercer lugar nacional con mayor número de personas registradas en esa base de datos, con 27 casos activos. Esta inscripción es significativa, ya que según el artículo 10 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, estar en ese registro impide ser elegible para cargos de elección popular.
En cuanto a los municipios con sanciones más recientes, la consejera identificó a Huitiupán, Chiapilla y Huixtla, aunque aclaró que existen otros casos en proceso de resolución.
“Dependiendo de la gravedad de la conducta, se determina la temporalidad en que una persona permanecerá en el registro. No es lo mismo no permitir el acceso a una oficina o retener el salario, que negar una solicitud de información. En cada caso aplicamos criterios de objetividad e individualización”, explicó.
Vila Domínguez también dijo que en las elecciones de 2018 muchas mujeres fueron excluidas de las candidaturas por la falta de acceso a información; en 2021, enfrentaron problemas con el financiamiento de campañas y ataques en redes sociales. Pero ahora, en 2025, el patrón de violencia se centra en el ejercicio del cargo por mujeres que ya fueron electas.
“Hoy vemos que la violencia se da cuando ya están en funciones, cuando ya son síndicas, regidoras, presidentas municipales. Esto ha provocado un repunte en los casos, sobre todo desde que los nuevos cabildos tomaron protesta el pasado 1 de octubre”, señaló.
Aunque en 2024 se registraron más expedientes —alrededor de 30, según estimaciones—, el IEPC considera que el problema actual es más focalizado y estructural, dado que muchas agresiones no se denuncian formalmente por miedo, falta de recursos o desconocimiento de los procedimientos.
El IEPC, reiteró la consejera, mantiene abierta la puerta a las víctimas para brindar acompañamiento jurídico, psicológico y emocional, así como canalizaciones a otras instancias.
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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, ha abierto 20 expedientes relacionados con casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Foto: Jhonatan González